La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, que deroga el hasta ahora vigente Paquete Telecom, entraña la puesta en marcha de un nuevo marco regulador para el Sector de las Comunicaciones en Europa y España con el que afrontaremos la próxima década, un periodo sin duda clave para la transformación digital de nuestra economía y para el futuro de nuestro empleo.
El Código, que ha tardado dos años en concretarse desde su primera propuesta, vuelve a poner sobre la mesa la ambivalencia de los organismos europeos a la hora de regular, alternando propuestas positivas y otras altamente decepcionantes.
Así, en apartado de las medidas positivas, encontramos las referidas a la coinversión en redes de nueva generación bajo fibra óptica. Con un redactado muy cercano a las propuestas realizadas por UGT a los europarlamentarios españoles y a la propia Comisión Europea en el proceso de Consulta Pública – UGT fue el único sindicato español en responder-, se impulsa la coinversión en redes como principal modelo de competencia en infraestructuras, hasta el punto de limitar la apertura de la fibra a aquellos operadores que inviertan en dichas infraestructuras.
Trasladado a nuestro día a día, Telefónica dejará de tener la obligación de ceder su red FTTH a todos aquellos operadores alternativos que no contribuyan a construir esta red. De este modo, si un operador considerado dominante –como es el caso de Telefónica en España- alcanza un acuerdo con otro operador(es) para desplegar fibra conjuntamente – como es el caso, ya en la actualidad-, dejará de estar obligado a dar acceso mayorista a su red FTTH a terceros operadores que no invierten ni colaboran en el crecimiento de las redes de fibra óptica
Como se puede comprobar, se trata de una larga reivindicación de UGT realizada y defendida en todos los foros internos y externos a los que hemos acudido. Recordemos que cuando la CNMC obligó a Telefónica a alquilar su red FTTH a un precio tasado en toda España, salvo en las celebérrimas 66 ciudades “libres”, fuimos el único sindicato que se opuso pública y firmemente. Nunca compartimos esa decisión injusta, que favorecía el parasitismo y el negocio de los operadores que ni invertían, ni generaban riqueza ni creaban empleo; una decisión del regulador que ahora se demuestra inadecuada y contraría al sentido común.
De hecho, siempre defendimos que cualquier tipo de acceso a la fibra de Telefónica – recordemos, una nueva red de inversión propia y sin “legados”- debería pasar por acuerdos de coinversión. Y aquí tenemos los frutos de nuestra acción sindical: un auténtico salto hacia la competencia en infraestructuras, y por tanto, a más inversión y más y mejor empleo en el Sector. Por todo ello, valoramos positivamente la medida adoptada. No obstante, esta nueva norma queda sujeta únicamente a redes de nueva generación, o lo que es lo mismo, no será aplicable a las redes de cobre.
En el capítulo de medidas negativas, encontramos dos: las referidas al Servicio Universal y a la Separación Funcional.
En el caso del Servicio Universal, vemos la norma propuesta como otra oportunidad perdida. Su actualización, que elimina de su alcance a las cabinas y páginas amarillas, incluye una inconcreta e incomprensible ampliación del Servicio Universal hacia la “banda ancha adecuada”. O dicho de otro modo, por primera vez, la banda ancha es parte del Servicio Universal a nivel continental, pero no se concreta qué velocidad es la que se define como “adecuada”, salvo por una sucinta mención al “ancho de banda necesario para la participación social y económica en la sociedad», que resulta tan laxo que dará lugar a interpretaciones dispares entre los 27 Estados Miembros de la Unión. De nuevo se pierde una valiosa oportunidad de ponernos la altura del Reino Unido o EEUU, que ya incluyen en el alcance de sus Servicios Universales una banda ancha a velocidades de 10 y 25 Mbps, respectivamente (recordemos que España todavía sigue anclada en el 1 Mbps, una cifra claramente insuficiente en pleno 2019). UGT propondrá en el proceso de transposición del Código a la legislación española una velocidad para el Servicio Universal de al menos 30 Mbps.
Para finalizar, el apartado de la Separación Funcional cobra nuevo vigor en el Código. Aunque se siga tratando como una herramienta de “última instancia” es inquietante para los derechos de los trabajadores la posibilidad de que un regulador local como la CNMC tenga poderes para convertir la red de Telefónica en una empresa separada.
A partir de ahora comienza el plazo de dos años para transponer el Código a la legislación española, posiblemente en forma de una nueva Ley General de Telecomunicaciones.
UGT volverá a defender los intereses, reivindicaciones y propuestas de los trabajadores de Telefónica en dicho proceso de transposición, al objeto de reconducir y paliar cualquier norma que pueda empeorar las condiciones laborales en Telefónica, proponiendo alternativas viables, sostenibles y de futuro, que mejoren nuestro empleo y nuestro futuro laboral.
