La economía española lleva cuatro años creciendo, un 3,1% en 2017, y las previsiones son de un 2,7% para 2018. Ya hay más empresas con beneficios que antes de la crisis y los dividendos repartidos están en máximos.
Pero la desigualdad y la pobreza están en niveles muy superiores a los que había antes de 2008. La pobreza se ha cronificado; 1.210.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en paro y 1.200.000 personas carecen de ingresos de origen laboral (salario, pensión, prestación o subsidio). El empleo crece, pero a costa de mayor precariedad. De hecho, sigue aumentando el número de personas que en nuestro país se encuentran en riesgo de pobreza, ocupando España el puesto 26 de 28 en la UE.
La devaluación salarial y la precarización de las condiciones de trabajo, promovidas por la reforma laboral, fomentan una recuperación basada en un reparto desigual de la riqueza y
fomenta un modelo de crecimiento asentado en actividades poco productivas.
Esto se refleja en un mercado de trabajo caracterizado por:
• Nueve de cada diez contratos realizados son temporales. Y la duración media de esos contratos temporales es cada vez menor: uno de cada cuatro dura menos de una
semana.
• La rotación laboral, tanto entre el empleo temporal como entre el indefinido, ha aumentado con la crisis y se ha acelerado tras la reforma laboral de 2012.
• La contratación a tiempo parcial, en su mayoría involuntaria, ha ganado peso en estos últimos años. Además, el 74% del empleo a tiempo parcial está ocupado por mujeres (un o de los culpables de la brecha salarial de género).
• La mayor parte del empleo generado se ubica en actividades de bajo contenido tecnológico (91%) y sólo el 9% en ramas de industria y en los servicios de contenido tecnológico medio y alto.
• Baja el paro, pero la cifra de personas desempleadas continúa siendo muy alta (3.766.700 personas, de las que 2 millones son mujeres). El paro de larga duración, más de un año sin empleo, afecta ya al 50,4% de las personas desempleadas.
• Los niveles de protección contra el desempleo siguen en mínimos. Casi la mitad de los desempleados no percibe ninguna prestación (1,56 millones de personas). Y el 14% de las personas con empleo son pobres.
• Ha aumentado la siniestralidad laboral. Durante los últimos 5 años han fallecido más de 3.000 trabajadoras y trabajadores en accidente de trabajo. Y existe una gran cantidad de enfermedades de origen profesional no declaradas como tal.
• La organización empresarial se transforma para maximizar el beneficio a costa de los derechos labora- les: desde la expansión de las empresas multiservicios con salarios mínimos y máxima precariedad contractual, hasta el reciente fenómeno de las plataformas digitales que niegan el carácter laboral de la relación de trabajo y los derechos laborales básicos a sus trabajadoras/es.
•Se están implantando fórmulas abusivas de organizar el tiempo de trabajo con total discrecionalidad empresarial y con alargamientos de jornada que ni se retribuyen ni se compensan.
•Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual o de igual valor, casi 6.000 euros al año.
•Es inaceptable que el Gobierno en su proyecto de PGE 2018 reduzca de 200 a 80 millones la partida presupuestaria para combatir la violencia de género, lo que expresa con crudeza la escasa voluntad del ejecutivo para acabar con las violencias machistas.
• La acción en materia de conciliación y corresponsabilidad, con medidas de ampliación de permisos y licencias o reducción fiscal, es muy limitada y no responde a la necesidad de abrir el debate sobre la igualdad real y efectiva.
• La infravaloración de las tareas y ocupaciones fe- minizadas ahondan en la desprotección y en la discriminación. Es esencial la dignificación del empleo doméstico, su equiparación laboral y la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
La negociación colectiva se encuentra encorsetada por las medidas regresivas adoptadas por las reformas laborales, y por la actitud de patronales y empresas que se resisten a revertir sobre las trabajadoras y trabajadores los efectos positivos del crecimiento de la economía. Una muestra de esta conducta empresarial fue la imposibilidad de pactar el incremento salarial para 2017 en el marco del entonces vigente Acuerdo interprofesional para el Empleo y la Negociación Colectiva y las grandes dificultades para avanzar en las negociaciones actuales en torno a un nuevo Acuerdo para 2018 y años posteriores.
UGT exige, porque es de justicia, que en esta etapa de recuperación económica la negociación colectiva refleje una mejora sustancial de los salarios en general y de los más bajos en particular, con cláusula de garantía para proteger el incremento pactado de aumentos excesivos de los precios de los productos de consumo y con un aumento de los compromisos empresariales en relación a la estabilidad y calidad del empleo, la reducción de las desigualdades, la protección de la salud y la inversión pro- ductiva. Urge redistribuir la riqueza para reducir la brecha de la desigualdad y favorecer que colectivos como mujeres y jóvenes mejoren su poder adquisitivo.
El reciente acuerdo firmado en el ámbito del empleo público es un ejemplo en materia de recuperación salarial y de la estabilidad del empleo, que habrá que seguir desarrollando en otros niveles de negociación con las Administraciones y organismos públicos.
UGT considera imprescindible recuperar el papel central de los convenios sectoriales estatales; así como derogar los aspectos regresivos de las reformas laborales.
UGT propone lanzar una creciente movilización laboral y social, que obligue tanto a las patronales como al Gobierno, y a los grupos parlamentarios que le dan soporte en el Parlamento, a abordar las reformas necesarias en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad.
No olvidamos que 300 sindicalistas siguen encausados o condenados simplemente por manifestarse o participar en un piquete informativo, por defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Exigimos su absolución y la derogación inmediata de la Ley Mordaza porque desde su imposición se ha perdido calidad democrática y libertades. Es necesario descriminalizar el derecho de huelga y de manifestación.
UGT considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2018, con los que el Gobierno se esfuerza en dar una apariencia social, profundizan en las mismas políticas regresivas, no contribuyen a repartir la riqueza ni apuestan por el cambio productivo. Las medidas incluidas en relación a las pensiones son insuficientes; son medidas coyunturales, parciales en cuanto a su afectación y erróneas en su orientación, que no corrigen los efectos negativos que, para las y los pensionistas de hoy y de mañana, supone la reforma de las pensiones de 2013, adoptada de forma unilateral, por el Gobierno del PP y su mayoría parlamentaria.
Según un estudio reciente, España se encuentra en situación pésima en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Los PGE no contribuyen a solucionar los problemas que han colocado a España esté en la lista negra, de manera que será im- posible que nuestro país pueda cumplir sus compromisos internacionales en ODS y la agenda 2030 de Naciones Unidas, tales como trabajo decente, fin de la pobreza, edu- cación de calidad, igualdad género, etc.
La amplitud y constancia de la movilización social en defensa de las pensiones ha hecho que el Gobierno tenga que modificar sus planteamientos iniciales, pero las medidas anunciadas son insuficientes. Proseguiremos e intensificaremos las movilizaciones.
La garantía del Estado de Bienestar para toda la ciudadanía precisa de un sistema fiscal justo y suficiente, en lugar de recurrir sistemáticamente al anuncio demagógico de rebajas fiscales que nada solucionan y que terminan por beneficiar a los que más tienen.
UGT exige la puesta en marcha inmediata de la Prestación de Ingresos Mínimos avalada por más de 700.000 firmas y que se está tramitando en el Parlamento, donde el PP y Ciudadanos la mantienen bloqueada desde hace más de un año. Urge también instaurar un sistema público de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar y reformar el sistema de prestaciones por desempleo para garantizar una cobertura general y con una prestación digna.
Es necesario también abordar la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación, velando por los derechos y la integración laboral de los inmigrantes, de las personas trabajadoras con discapacidad, con distinta orientación e identidad sexual, en riesgo de exclusión y de las personas que están afectadas por el VIH y el sida.
Europa está viviendo su peor crisis de credibilidad y legitimidad desde la constitución de la Unión Europea. El avance de la ultraderecha, partidos xenófobos, ultranacionalistas, populistas y euroescépticos está poniendo en peligro la construcción europea, que en su esencia apostó por una Europa social y que parece quedar cada vez más limitada únicamente a una Unión Monetaria y financiera. Exigimos un cambio real de políticas y que se sitúe a la ciudadanía en el centro prioritario de actuación. En este sentido es imprescindible dotar al pilar europeo de derechos sociales (PEDS) de las garantías financieras y de los instrumentos jurídicos que posibiliten a la ciudadanía europea convivir en una sociedad más justa, fundamental para acabar con el antieuropeísmo. Asimismo, exigimos al gobierno español que sus políticas se ajusten a los compromisos que ha firmado con respecto al PEDS.
Desde UGT trabajamos para construir una Europa más social. Como la Confederación Europea de Sindicatos ha dejado claro, Europa necesita aumentos salariales para reducir las desigualdades e impulsar el crecimiento económico; medidas para potenciar la negociación colectiva; empleo estable y seguro con protección social; mejores condiciones de trabajo; políticas para acabar con la siniestralidad laboral; regulación del tiempo de trabajo que permita conciliar la vida laboral con la personal y familiar; medidas que permitan acabar con la brecha salarial, el acoso y la violencia machista.
UGT renueva su compromiso de solidaridad con los pueblos del mundo que defienden la libertad y con las trabajadoras y trabajadores que luchan por sus derechos sindicales, sociales y laborales. En este sentido, condenamos de forma enérgica la agresión repetida del ejército y del Gobierno de Israel contra el pueblo palestino; reiteramos el derecho del pueblo saharaui a la soberanía sobre tu territorio; y denunciamos también el retroceso de la democracia y el respeto a los derechos humanos y sociales que están agravándose en muchos lugares del mundo y, significativamente, en América Latina. Queremos hacer mención especial a Brasil, donde las élites económicas y los aparatos más reaccionarios del Estado han puesto en marcha mecanismos antidemocráticos y antisociales de cara a impedir que Lula da Silva pueda ser candidato a las elecciones presidenciales y que van a suponer que Brasil retorne a la injusticia y la desigualdad de la que había con- seguido empezar a huir.
