El regulador nacional de las telecomunicaciones, la CNMC, tiene entre sus habilitaciones competenciales las de asesorar al gobierno – en este caso a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD)- en la correcta aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue de nuevas redes de última generación (NGN).
En este caso, la CNMC analiza[1] el proyecto de subvenciones públicas destinadas a la extensión de la banda ancha de nueva generación en Andalucía[2]. En primer lugar, el regulador estudia el desarrollo de la banda ancha en Andalucía, y especialmente, las de banda ancha de muy alta velocidad. Así, según la información disponible demediados del año 2016, “los accesos de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) instalados ofrecen cobertura a un 51% del total de unidades inmobiliarias de Andalucía, frente al 63% de España; los de cable modem (HFC10) a un 44% por debajo del 49% de la media española y los de par de cobre con tecnología VDSL a un 13%, por encima del 12% de España”.
En cuanto a penetración, tanto básica como de alta velocidad, “el año 2015 fue de 25,4% (líneas contratadas por cada 100 habitantes), por debajo de la media estatal, situada en un 29,2%. Se incluyen en este cómputo la tecnología xDSL, que supone la mayoría de los accesos, con una penetración del 16,1% y ligeramente inferior a la media española – situada en 16,5%-, el HFC con una penetración del 4,9% (también menor a la media estatal que asciende al 5,5%) y el FTTH con una penetración igual al 4,1%, inferior a la media estatal (6,8%)”.
El proyecto de la Junta de Andalucía tiene como meta la convocatoria de ayudas para la construcción de redes NGN de 100 o más Mbps en zonas blancas[3] – sin cobertura de NGN a medio y largo plazo-. La dotación presupuestaria es de 31 millones de euros, de los cuales 24,4 provienen de Fondos FEDER. La subvención nunca podrá superar el 80% del coste total del proyecto y el máximo total por ayuda tampoco podrá superar el resultado de “multiplicar el número total de habitantes de la zona elegible por el coste máximo admisible por habitante, establecido en 150 €/hab., excepto si la subvención solicitada es inferior a 200.000€”.
Finalmente, cabe destacar que los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a ofrecer servicios mayoristas y al menos un servicio minorista con una velocidad de acceso de al menos 100 Mbps durante un mínimo de 5 años, siempre bajo la premisa de neutralidad tecnológica.
Visto el proyecto, la CNMC “valora positivamente el proyecto elaborado por la Junta de Andalucía por contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en las Agendas Digitales Europea y para España al estar diseñado para dar cobertura a zonas blancas NGA para redes de muy alta velocidad y ser, en términos generales, conforme con el Reglamento de exención por categorías y las Directrices comunitarias de ayudas a la banda ancha”, aunque realiza una serie de recomendaciones y sugerencias sobre los servicios mayoristas obligatorios, sobre transparencia informativa y sobre compatibilidad de las ayudas.
UGT Comunicaciones
[1] https://www.cnmc.es/sites/default/files/1629680_0.pdf
[2] http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/consulta-previa/detalle/104404.html
[3] http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016_docs/58ppt0000006.pdf
