El alto tribunal, que lleva dos días deliberando ha decidido recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre y quién pagará el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) será la parte más débil (el cliente) y no sobre los bancos o prestamistas, pues son ellos quienes en la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria, los interesados en elevarlo a escritura pública para así poder ejercitar la acción ejecutiva y préstamo. Con este nuevo cambio de criterio, se genera otra vez incertidumbre, inquietud y desconfianza por parte de la ciudadanía con respecto a la Justicia.
UGT entiende que se ha dado una imagen muy negativa de la justicia al aparecer ésta permeable a las exigencias de los grandes poderes económicos de este país. El sindicato considera que jueces y tribunales a la hora de impartir justicia deben decidir en derecho y no ateniéndose a las posibles consecuencias económicas que sus decisiones pudieran acarrear, ya que todo ello conlleva, igualmente, una falta de confianza del ciudadano normal en su Administración de Justicia, puesto que pudiera llevar a pensar que no va a recibir un mismo trato.
Momento de reflexión para la banca
UGT entiende que es un buen momento para que el sector financiero reflexione sobre los últimos escándalos del sector (cláusulas suelo, preferentes, etc.), rectifique e intente ganarse ese perdido poder reputacional, puesto que todo ello afecta a la profesionalidad y buen hacer de todos sus trabajadores y trabajadoras, tan depauperados en estos últimos años con una sangría ingente de pérdida de puestos de trabajo: alrededor de 82.000 desde 2008; un tercio de oficinas cerradas a nivel de Europa son de nuestro país y concretamente 563 en lo que llevamos de 2018.
Es por ello que, UGT aboga por medios alternativos de resolución de conflictos en esta materia: con métodos ágiles, que protejan de manera eficaz los derechos de consumidores y usuarios y con decisiones vinculantes, al igual que ocurre en países de nuestro entorno, dada la poca eficacia que poseen los actuales reguladores (Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores), lo cual aboca a los consumidores a que tengan que emprender acciones judiciales.
Es importante y por ello urgimos a nuestros legisladores para que legislen en la futura Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (más conocida como Ley Hipotecaria) una normativa más garantista, con mayor seguridad jurídica en el sector, con especial protección a la parte más débil: el consumidor.
Recae sobre los trabajadores y las trabajadoras
UGT, que analizará con detalle los argumentos que esgrime el Supremo para justificar este fallo, seguirá trabajando para defender los intereses de los ciudadanos y, en concreto de los trabajadores y trabajadoras que son los que proporcionalmente soportan un mayor peso de esta decisión. Para el sindicato, este fallo supone un paso atrás en la consideración de la vivienda como un valor social y refuerza el carácter especulativo de un bien que debería tener una consideración social al hacer recaer sobre los ciudadanos estos impuestos.
Además de generar incertidumbre, esta decisión agrava el problema de acceso a la vivienda que tiene este país. UGT siempre ha reclamado la necesidad de configurar el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, como un auténtico derecho subjetivo, inviolable, no solo de los poderes públicos, sino ante los tribunales de justicia en igualdad de trato, oportunidades y sin ningún tipo de discriminación.
