El pasado martes 28 de noviembre, una delegación de UGT Comunicaciones, encabezada por nuestro Secretario General, se reunió con el Secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle Ruiz y con el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Alberto Rodríguez Raposo.
El encuentro se produjo a petición de UGT, fundamentalmente ante la inquietud que ha generado entre los trabajadores y trabajadoras de nuestro Sector el viraje normativo del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CECE) en Bruselas, y que derogará el actual Paquete Telecom.
Tal y como hemos expuesto en nuestros comunicados[1], el proceso de tramitación de CECE ha supuesto un paso atrás con respecto a los primeros borradores, que protegían la inversión en infraestructuras como política clave del crecimiento del Sector. El siguiente paso antes de la aprobación definitiva de esta norma, que regulará nuestro Sector en la próxima década, en su estudio en el Consejo Europeo formado por los Ministros del ramo de los 28 Estados Miembros.
Y en este paso, desde UGT hemos considerado imprescindible llevar la voz de los trabajadores de nuestro Sector al Ministerio, para que la tenga en cuenta a la hora de defender la postura de España en dicho Consejo Europeo. Y tal y como hicimos el pasado mes de abril[2], hemos vuelto a reiterar al Gobierno la necesidad de conformar una norma europea que mire al empleo, al empleo de calidad y con derechos que preside el Sector de las Telecomunicaciones. Hemos reclamado conformar una nueva norma regulatoria europea basada en la competencia en infraestructuras, en proteger la inversión para aquellos que crean puestos de trabajo, en parar la sangría de pérdida de puestos de trabajo que asola nuestro sector como consecuencia de la competencia injusta que representan OMV y OTT.
La respuesta de la Administración cabe describirse como positiva, aunque con mucha cautela. No es una cuestión que pueda decidir el Gobierno de España en solitario, aunque coinciden en gran parte con los argumentos expuestos por UGT sobre las nuevas partes normativas de la red de acceso, la regulación de los duopolios y oligopolios y las obligaciones de apertura de redes de nueva generación, considerando que habrá más países en la misma línea. No obstante, el CECE tendrá más puntos de fricción, como la supresión de las llamadas fijo a fijo en toda la UE o las nuevas obligaciones en las llamadas al 112.
Las negociaciones entre todas las partes implicadas empezarán a principios de diciembre, de ahí la premura para celebrar la reunión y el interés sindical en llevar nuestro posicionamiento antes de esas fechas.
En el transcurso de la reunión se tocaron otros temas, como la Estrategia Digital del Gobierno, los desarrollos de los Planes PEBA para llevar la fibra a 1,2 millones de hogares con un presupuesto de 105 millones de euros y el plan ayuda públicas individuales a la banda ancha[3].
Finalmente, se abordó el plan de desarrollo del 5G en España, en donde UGT fue el único sindicato en participar[4] y de la liberación del Segundo Dividendo Digital sobre la banda de 700 MHz, que abría consulta pública ese mismo día. La Secretaria de Estado compartió su plan de puesta en marcha y desde UGT le hicimos llegar los mismos planteamientos que en dividendos digitales anteriores[5], como la necesidad de que el Gobierno asuma los gastos de reantenización en los hogares, para que los ciudadanos no tengan que volver a costear otra resintonización, y la oportunidad de efectuar una licitación con compromisos de cobertura y de creación de empleo, evitando una subasta recaudatoria. UGT defiende un segundo dividendo digital que sirva para acabar con la Brecha Digital geográfica y que acabe creando empleo de calidad, como ha pasado en el resto de países de nuestro entorno.
Ambas partes se han emplazado a seguir en contacto para compartir la evolución de los temas tratados. Desde UGT Comunicaciones, valoramos positivamente el encuentro, ya que, en primer lugar, hemos llevado la voz de los trabajadores y trabajadoras del Sector directamente al lugar en donde se toman las decisiones que determinarán el futuro de nuestros puestos de trabajo en la próxima década, y en segundo, porque hemos trasladado un Modelo de Sector y unos posicionamientos regulatorios sostenibles, realizables y completamente razonables, que conformarían una verdadera Economía Digital y una Sociedad de la Información equitativa e inclusiva.
