El Gobierno en funciones acaba de aprobar una nueva extensión del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), dotada con 140 millones de euros y que llevará conexiones de última tecnología a “706.000 hogares y empresas situadas en 13.650 entidades singulares de población distintas1http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=455c5053a1f6e610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD”.
Con esta nueva fase, los diferentes gobiernos españoles han desembolsado más de 500 millones de euros en ayudas públicas para dotar de conexión a Internet a alrededor de 5 millones de viviendas y locales de negocios en el periodo que va desde 2013 hasta el presente.
Sin embargo, y a pesar de todos estos esfuerzos y desembolsos, la fisonomía y el alcance de la Brecha Digital que sufre nuestro país apenas varía2https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/02/opinion/1570032870_403901.html: en los últimos cuatro años no ha habido mejoras sustanciales en esta nueva forma de desigualdad3https://www.eldiario.es/tecnologia/sistemica-Espana-trabajadores-dificultades-informatica_0_896960441.html. Incluso se registran retrocesos en comparación con el resto de la Unión Europea. Es más, los seis precursores típicos de exclusión digital en España (género, edad, formación académica, renta, lugar de residencia y situación laboral) continúan en plena vigencia, año tras año, prácticamente sin merma, confirmando que los colectivos excluidos del universo digital son muy resistentes al cambio. En resumen, el progreso de España en inclusión digital es altamente decepcionante.
Por tanto, es clave preguntarse qué está detrás de esta contradicción, preguntarnos en qué estamos fallando. Sin lugar a dudas, en el diagnóstico, y como consecuencia, en las políticas que se están ejecutando para intentar cerrar la Brecha Digital.
Reguladores y legisladores tienden a pensar, por defecto, que la Brecha Digital se resuelve con más y más infraestructuras. Pero la realidad es que las políticas de cierre de la brecha digital se centran exclusivamente en la falta de conectividad, cortando por un mismo patrón a todas las casuísticas que se solapan dentro de esta nueva forma de desigualdad.
Pero la realidad es otra bien diferente: la profundidad de la Brecha Digital en España no es el resultado de un problema de infraestructuras. Así se confirma cuando se pregunta a las personas desconectadas: sólo un 5% alega indisponibilidad de infraestructuras para no estar conectado a Internet.
El verdadero trasfondo que explica nuestra Brecha Digital gira alrededor de los aspectos culturales y de aprendizaje: más de un 75% de las personas desconectadas afirman que no disponen de acceso a Internet porque no lo consideran interesante (cifra que ha incrementado en 10 puntos porcentuales en seis años). Y otro 51% recalca que no acceden a Internet por falta de conocimientos. En el mundo de los negocios y de las empresas encontramos razones similares: muchas de ellas confiesan que no alcanzan a comprender los beneficios que la digitalización les puede reportar o si quiera a sentir la necesidad de hacerlo para seguir compitiendo. En consecuencia, en España, la falta de conocimientos o interés es la principal barrera para el acceso a Internet y para la digitalización del tejido productivo.
Este hallazgo debería ser tenido en cuenta para el diseño de las próximas ayudas públicas. A pesar de que siga siendo necesario construir nuevas redes para llegar hasta el último punto de nuestra geografía, si estas políticas no se acompañan de estímulos formativos y educacionales para los colectivos más remisos, integrando acciones de inclusión digital dirigidas empresas y ciudadanos, estaremos abocados de nuevo al fracaso, con el coste social, económico y presupuestario que supone. Dicho de una forma algo simple: de nada sirve llevar la fibra óptica o la banda ancha móvil a todos los hogares y negocios si sus moradores no saben usar Internet o directamente no les interesa su uso.
UGT Comunicaciones
Sector Estatal
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