La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores quiere denunciar públicamente que, según datos de Eurofound para 2020, las empresas españolas son líderes europeas en la vigilancia algorítmica de sus empleados.
Así, según Employee monitoring and surveillance: The challenges of digitalisation, publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (organismo público dependiente de la UE), hasta el 40% de las empresas españolas estarían usando algoritmos para la monitorización de la actividad laboral y para evaluar el desempeño diario de las personas trabajadoras. Se trata de datos proporcionados por las propias compañías y que, sin duda, se habrán visto incrementados en los dos últimos años con la explosión del trabajo a distancia. Sólo hay que comprobar el incremento de la facturación en los proveedores de este tipo de soluciones informáticas, en máximos históricos en todo el mundo.
Es llamativo que un tejido productivo como el español, con un grado de digitalización realmente escaso y con cifras ridículas de empleo tecnológico, en comparación con el resto de la Unión Europea, lidere el aspecto más oscuro de la digitalización. La media europea de empresas que emplea este tipo de vigilancia no alcanza el 30% y países como Alemania, Francia o el Reino Unido (15, 25 y 26%, respectivamente), se quedan lejos de los niveles de intrusión de las empresas españolas.
Este tipo de prácticas suponen una clara vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras, puesto que afecta a nuestra privacidad e intimidad; añadiendo que, en una abrumadora mayoría de los casos, las empresas no cumplen con los requisitos exigidos de proporcionalidad, idoneidad, necesidad e información previa para poner en marcha este tipo de vigilancia.
UGT, en virtud de los derechos que nos proporciona la denominada ley rider, en cuanto a recibir información sobre el uso de estas herramientas informáticas en las empresas, y conforme a la jurisprudencia existente, exigirá el cumplimiento estricto de las normas legales aplicables, implicando para ello tanto a la Inspección de Trabajo como a los Juzgados de lo Social. El Sindicato no va a permitir esta senda de abusos en un aspecto capital de nuestra vida como ciudadanos y trabajadores: nuestra intimidad.
