El 22 de diciembre comenzará la subasta para licitar el espectro de 26 GHz, la última banda preferente para conformar un auténtico 5G.
Este proceso llega a nuestro sector con dos novedades claramente ambivalentes. Por un lado, el ajuste en los costes asociados a la misma, que permitirá a Movistar, Orange y Vodafone obtener su porción con una rebaja del 46,6% sobre el precio de salida propuesto inicialmente, además de un abaratamiento del 60% de la tasa radioeléctrica. Un gesto gubernamental que sin duda contribuirá a acelerar el despliegue, y como consecuencia, a preservar el empleo en las citadas empresas.
La licitación divide la banda de 26 GHz en 50 concesiones de 200 MHz cada una: 12 concesiones de 200 MHz de ámbito estatal y 2 conjuntos de 19 concesiones también de 200 MHz, pero en este caso para un ámbito regional (sumando así un total de 400 MHz). En el siguiente gráfico, elaborado por la CNMC, podemos visualizar el reparto:
La mala noticia reside en la parte azul de dicho gráfico: 450 MHz reservados a la figura de la autoprestación, que algunos denominan también como verticals o 5G industrial.
Esta reserva de este valioso espectro, por tanto, será para lo que el regulador describe como “empresas no operadoras de comunicaciones electrónicas”, al objeto de que puedan “desplegar sus propias redes 5G”. En román paladino: más competencia a un sector ya de por sí incomprensiblemente fragmentado, con varias docenas de marcas revendedoras, virtuales o como queramos describirlas, pero que están devaluando el sentido de las redes de telecomunicaciones hasta extremos inconcebibles.
Esta propuesta no solo condiciona la licitación de esta parte del espectro, sino que introduce nuevos actores, ajenos a nuestro sector, para que compitan directamente con las operadoras que nos dan empleo. Parece como si los 40.000 empleos destruidos en los últimos años no les importasen a legisladores y reguladores. Se trata de un decisión lesiva y que podía haberse evitado.
La propia CNMC glosa en su perceptivo informe que otros países han optado por no reservar espectro, sino que instan a las operadoras tradicionales a ofrecer a las empresas interesadas servicios mayoristas de 5G exclusivos (caso de Italia). Incluso países como Grecia o Eslovenia ni siquiera contemplar esa posibilidad mayorista y solo da acceso al espectro a aquellos que lo usen con solvencia: los operadores de telecomunicaciones.
Por tanto, este Sindicato lamenta la decisión de Gobierno y CNMC, que vuelven a optar por modelos que no solo laminan la necesaria competencia infraestructuras sino que ahondan en la fragmentación competitiva, en la guerra de precios y por tanto, aumentan directamente las tensiones sobre el volumen y la calidad del empleo sectorial.
