Por medio de tres órdenes ministeriales –números 1972, 73 y 73- publicadas en el BOE
del pasado 28 de diciembre de 2016[1], el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital designaba a Telefónica y TTP (Telefónica Telecomunicaciones Públicas, antigua Cabitel) como operadores encargados de prestar el Servicio Universal de Comunicaciones[2] en su tres componentes elementales: la conexión a la red pública de comunicaciones y la consiguiente prestación del servicio telefónico, las guías telefónicas y los teléfonos públicos de pago (cabinas).
La conexión a la red fija, que incluye el acceso a Internet a una velocidad mínima de 1 Mbps[3], el acceso a usuarios con discapacidad en condiciones equiparables al resto de usuarios y el denominado abono social[4], ha sido directamente asignada a Telefónica de España SAU, por el periodo de tiempo comprendido entre “el día 1 de enero de 2017 y el día 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive”, después de haberse convocado el perceptivo concurso[5] y haberse declarado desierto ante la incomparecencia de todas las operadoras.
También quedaron desiertos los concursos referentes a las guías telefónicas y cabinas, aunque en este caso la designación comprenderá únicamente el año 2017. Según datos del propio Ministerio, el número de cabinas telefónicas a finales de 2016 era de 18.161, mientras que la demanda de guías telefónicas en formato impreso fue de 127 y el número de ejemplares en formato electrónico entregados mediante descarga ha sido de 9.998. De hecho, el 88% de los españoles reconocen que nunca han usado una cabina.
Precisamente la continuidad de las cabinas y las guías telefónicas dentro del Servicio Universal ha sido objeto de polémica. Una resolución de la CNMC de marzo de 2016[6] sugería su exclusión del alcance del Servicio Universal, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Francia. Así, alega que las cabinas se encuentran en «en claro declive» y aconsejaba replantearse la conveniencia de seguir exigiendo normativamente la prestación de este elemento dentro servicio universal dado su bajo nivel de demanda[7]. No obstante, el Ministerio ha preferido ser conservador y pasarle la responsabilidad la Comisión Europea para que haga efectiva su exclusión a nivel Comunitario.
Como hemos informado en múltiples ocasiones, la financiación del servicio universal es asumida por los operadores del sector y su coste neto es determinado anualmente por la CNMC[8] y distribuido entre los operadores en proporción a sus ingresos[9].
[1] https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/28/index.php?d=313&s=3
[2] Según el artículo 25.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Dentro de ese conjunto de servicios se encuentran el de suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.
[3] http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016/servicio_universal.pdf
[4] El abono social es un descuento que se aplica a los jubilados y pensionistas con renta familiar inferior al 120% del IPREM (639,01 euros mensuales) para facilitarles el acceso al servicio telefónico fijo. Dicho descuento es del 70% de la cuota de alta y del 95% de la cuota de abono mensual. En la actualidad, se benefician de este abono social unas 55.000 familias.
[5] http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016/68el_ministerio_de_industra_inicia_.pdf
[6] https://www.cnmc.es/node/232307
[7] http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016/adios_a_las_cabinas_telefonicas.pdf
[8] http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016/el_coste_del_servicio_universal_en_2013_alcanzo_los_19_millones.pdf
[9] http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016/movistar_orange_y_vodafone_unicas_operadoras_obligadas_a_financiar.pdf
