Extraña e inesperada decisión del Gobierno. Cuando todo el mundo daba por liquidado el negocio de los teléfonos públicos de pago- coloquialmente conocidos como cabinas-, en el último momento, absolutamente in extremis, se ha prolongado un año más su vida.
El consenso al respecto parecía generalizado: desde la CNMC, que afirmó en su momento que “no existen razones de mercado actualmente para seguir garantizando la prestación de estos tres servicios como parte del servicio universal1https://blog.cnmc.es/2018/07/17/tic-tac-tic-tac-cuenta-atras-para-las-cabinas-y-las-guias-telefonicas/ -incluía en su dictamen a las cabinas, guías telefónicas y servicios de consulta de abonado-” hasta el propio Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado para el Avance Digital, nadie se oponía al fin de la cabinas, llegando incluso a recomendar su cierre.
Pero el último Consejo de Ministros nos trajo la sorpresa en forma de Real Decreto2https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-18005, que prolongaba un año más la vida de las cabinas. Quizá la respuesta está en la parte referida al servicio de consultas sobre número de abonado, también parte del Servicio Universal, y que se suele regular a la vez de las cabinas. Bajo esta facilidad, habitualmente ligada a los números de consulta como el 1004, se ha establecido una franquicia de 10 llamadas mensuales gratuitas para usuarios con ceguera o con discapacidad visual grave, lo puede haber arrastrado la prolongación de la vida de las cabinas, aunque parece poca razón cuando ambas herramientas pueden lesgislarse por separado.
El debate está servido. La pregunta es inmediata ¿era necesario? Aparentemente no. Las cifras afirman que las cabinas es un servicio superado.
En la actualidad, todo municipio con más de 1.000 habitantes debería tener al menos una cabina instalada y, además, se tendrá que instalar una cabina adicional por cada 3.000 habitantes -un municipio con 3.001 habitantes ya requeriría una segunda cabina-. Para aquellos municipios con menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado bajo las bases de “distancia elevada a facilidades similares, baja penetración del servicio telefónico fijo, falta de accesibilidad del servicio telefónico móvil o elevada tasa de población flotante” también deberá existir una cabina telefónica.
Obviamente, este parque tiene un coste. Para su cálculo, estos municipios se dividen en dos clases: Rentables, aquellos municipios que presentan un margen positivo y No Rentables, aquellos municipios que presentan un margen negativo. En base a esta clasificación, existen, 2.175 municipios no rentables imputables al servicio universal relativo a cabinas, que consumen un coste neto total de 2,071 millones de euros.
Dicho de otro modo, las cabinas nos costaron en 2015- último año sobre el que hay datos oficiales- dos millones de euros a los españoles. Cabe destacar que el 2012 este coste se situaba en 400.000 euros, lo que nos indica que se trata de un coste al alza.
Y por si esto fuese poco, el 69% de la ciudadanía no considera justificado su mantenimiento3https://blog.cnmc.es/2016/03/23/las-cabinas-a-debate/:
Además, el recientemente aprobado Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, el nuevo marco regulador de nuestro Sector para la próxima década, descartaba seguir incluyendo a las cabinas como un servicio público subvencionado.
En conclusión, no parece una decisión acertada, ni en términos económicos ni de opinión. Pero la realidad es que tendremos que subvencionarlas, al menos, un año más.
