El regulador nacional de las telecos, la CNMC, considera que la próxima subida de la cuota de línea de Telefónica “conllevaría una reducción de la asequibilidad del servicio[1]”.
Este posicionamiento es la repuesta del regulador a una pregunta de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), al recibir una comunicación de Telefónica en donde planteaba una subida de dicha cuota (en el informe no se especifica la cuantía del incremento).
La CNMC desgrana su respuesta recordando que no es la primera vez que dictamina en este sentido (febrero de 2017 y 2018), donde “concluye que la subida de precios afecta negativamente a la asequibilidad del servicio de acceso” y “afecta especialmente a la asequibilidad por parte de los colectivos de rentas más reducidas”.
El precio de la cuota de abono de Telefónica es de 14,3790 €/línea y mes (17,40 con IVA). La Comisión señala este precio ya se sitúa por encima de la media europea y que “las subidas de precios notificadas por Telefónica afectan a los clientes que únicamente buscan contratar el servicio de acceso telefónico fijo”, “que además se caracterizan por una mayor vulnerabilidad socioeconómica”. Por todo ello, consideran que la subida propuesta afectaría a aquellos colectivos más vulnerables convirtiendo este servicio en menos asequible.
En un país donde todavía medio millón de personas no puede pagarse el teléfono[2], una subida de estas características debería ser cuestionada, pero quizás más que focalizarnos en cuanto sube Telefónica el precio, deberíamos preguntarnos si el actual sistema de imputar el coste del Servicio Universal a los operadores, e incluso a un operador en concreto, tiene algún sentido. Además, deberíamos reflexionar más allá de si la subida de Telefónica es procedente, para ampliar este análisis al resto de operadores, que elevan el precio de la cuota de línea hasta un mínimo de 18 euros, cuando no algunos que alcanzan los 23[3].
UGT considera que es necesario un cambio de modelo para la financiación del Servicio Universal de Comunicaciones (y no somos los únicos[4]). Las ayudas sociales deben ser reguladas y financiadas por los organismos públicos, con reservas a tal fin en los Presupuestos Generales del Estado[5]. Y por supuesto, debemos superar sus obsoletas coberturas (1 Mbps de velocidad a Internet, sin ir más lejos) para ponernos en año y el siglo en el que vivimos.
[1] https://www.cnmc.es/sites/default/files/2770899_0.pdf
[2] http://ugtcomunicaciones.es/wordpress/casi-medio-millon-espanoles-no-puede-pagarse-telefono/
[3] https://comparaiso.es/manuales/cuota-linea
