El COVID-19 presenta riesgos sin precedentes para los derechos, la seguridad y el desarrollo de los niños. El Día mundial contra el trabajo infantil de 2020 insta a los países y las organizaciones a centrarse en las necesidades de los más vulnerables durante la gestión de la crisis y la recuperación de ésta. Tenemos la oportunidad, no sólo de superar esta pandemia, sino de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025. Pero tenemos que actuar ahora, de una manera decisiva y a gran escala.
La pandemia del COVID-19 y la crisis económica y social mundial resultante están teniendo un enorme impacto en la vida y los medios de subsistencia de las personas. Para muchos niños y sus familias, esta situación que evoluciona rápidamente significa la interrupción de la educación, enfermedades en la familia y la pérdida potencial de los ingresos del hogar. La ausencia de sistemas de protección social adecuados exacerba las vulnerabilidades de las familias y, por consiguiente, de sus hijos. Antes de la propagación del COVID-19, se había retirado a casi 100 millones de niños del trabajo infantil, por lo que el número de niños víctimas de este flagelo se había reducido de 246 millones en 2000 a 152 millones en 2016, 73 millones de los cuales realizaban trabajos peligrosos. Muchos niños en situación de trabajo infantil corren actualmente un mayor riesgo de realizar formas ocultas o peligrosas de trabajo o de trabajar jornadas más largas. La crisis también puede propiciar que millones de niños vulnerables acaben en situación de trabajo infantil, al tener que contribuir a los ingresos familiares a una edad temprana. Las niñas corren un riesgo particular de realizar trabajo doméstico o de dedicar más horas al trabajo de cuidados en el hogar, y probablemente estén más expuestas a accidentes y a abusos físicos o sexuales.
Las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual, que afecta principalmente a las niñas, suele aumentar cuando disminuyen las oportunidades de empleo y los ingresos familiares. Los niños de las familias migrantes que han huido de conflictos y desastres, de la extrema pobreza y de violaciones de los derechos humanos, se ven mucho más afectados. La desigualdad, la exclusión social y la discriminación, que se ven exacerbadas por las crisis, hacen la situación aún más difícil. Éste es particularmente el caso de los pueblos indígenas, las minorías étnicas y los desplazados internos, las personas con discapacidad, los hogares monoparentales y los huérfanos.
Los gobiernos de todo el mundo están tomando amplias medidas a fin de contener y mitigar la pandemia. Al apoyarse en mejores prácticas, en decisiones acertadas en materia de política y en la acción rápida para ponerlas en práctica, es posible crear un futuro mejor para nuestros hijos. Las Naciones Unidas han declarado 2021 el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Los eventos y la campaña que se organizarán a lo largo de este año brindarán una oportunidad a todos los Estados Miembros y socios de las Naciones Unidas de concertar esfuerzos para combatir el trabajo infantil.
La lucha contra el trabajo infantil exige alianzas sólidas a nivel mundial, regional, nacional y comunitario. La Alianza 8.7 está impulsando una coordinación más eficaz hacia el logro de la Meta 8.7 de los ODS para poner fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025. Un total de 21 países pioneros y de 250 organizaciones asociadas se han comprometido a acelerar la acción, poner en marcha soluciones innovadoras y compartir conocimientos sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. La Alianza Internacional de Cooperación sobre el Trabajo Infantil y la Agricultura (IPCCLA) y el Grupo Operativo sobre el trabajo infantil de la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, son otros buenos ejemplos de acción concertada.
En todo el mundo, las organizaciones regionales desempeñan un papel esencial en la coordinación de esfuerzos. La Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Iniciativa de Asia Meridional para poner fin a la violencia contra los niños (SAIEVAC) han adoptado planes de acción regionales o subregionales con miras a erradicar el trabajo infantil. La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil está impulsando los progresos a través de su plataforma de cooperación, integrada por 30 gobiernos, así como por organizaciones de empleadores y trabajadores. Los países, las comunidades y las ciudades también se han sumado a la lucha mundial contra el trabajo infantil.
Los empleadores y los trabajadores, así como sus organizaciones, desempeñan un papel primordial en la prevención del trabajo infantil al hacer frente a los riesgos para la salud en el trabajo y a las consecuencias económicas de la pandemia. El diálogo social ha demostrado ser de vital importancia para una gestión de la crisis y una respuesta a la misma que sean equilibradas, asegurando la protección de los derechos de los trabajadores y de los derechos de los niños, así como la continuidad de las empresas.
En este Día mundial, instamos a todos los países y socios a concertar esfuerzos y preparar actividades para el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Estas actividades deberían apoyarse en los respectivos Convenios y Recomendaciones de la OIT y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y brindar protección a todos los niños en situación de trabajo infantil o que corren el riesgo de estarlo y asegurar que sean una prioridad en la respuesta al COVID-19. Las siguientes recomendaciones de política han demostrado ser eficaces para luchar contra el trabajo infantil:
- La protección de los trabajadores y sus familias y el apoyo a los medios de subsistencia: La mayor parte del trabajo infantil tiene lugar en la agricultura (el 71 por ciento de todo el trabajo infantil), así como entre las familias que trabajan en la economía informal, en la que los trabajadores no tienen vacaciones pagadas, acceso a un seguro de salud, prestaciones de desempleo u otras formas de protección social. Se debería proteger a todos los empleadores y trabajadores y a sus familias contra los riesgos para la salud del COVID-19. Deberían introducirse medidas de protección en el lugar de trabajo y en todas las comunidades, y fortalecerse, exigiendo el apoyo público y la inversión pública a gran escala. La inversión pública en el apoyo al empleo y a los ingresos también es crucial en tiempos de crisis. Se necesitan medidas para proteger a las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores contra la pérdida inmediata de empleo y de ingresos.
- El fortalecimiento de la protección social para todos: En tiempos de crisis, la protección social proporciona un apoyo esencial que ayuda a las familias a afrontar las perturbaciones climáticas, económicas y de la salud. En la pandemia del COVID-19, el seguro de salud y la protección social son de vital importancia, ya que mitigan la presión sobre las familias respecto a enviar a sus hijos a trabajar en caso de enfermedad o muerte de un miembro del hogar. Otras medidas de protección social que han demostrado ser particularmente eficaces para combatir el trabajo infantil son los programas de transferencias en efectivo y en especie (pagos directos en efectivo o en especie a las familias), que aumentan la seguridad de los ingresos del hogar y facilitan el acceso a la educación y la atención de salud.
- Una educación pública de calidad para todos: La educación desempeña un papel fundamental al proporcionar a los niños competencias para la vida y futuras oportunidades de trabajo. Los niños que están escolarizados tienen menos probabilidades de ser víctimas de trabajo infantil. En tiempos de crisis, la continuidad de la educación es de suma importancia, en los entornos tanto formales como no formales. A raíz de la pandemia del COVID-19, en muchos países las escuelas están cerradas, y los niños que ya estaban trabajando a tiempo parcial o que corren el riesgo de caer en una situación de trabajo infantil tal vez nunca regresen a la escuela. Muchos niños que combinaban la escuela y el trabajo han perdido su entorno protector y de aprendizaje, y puede que tengan que trabajar jornadas más largas para ayudar a sus familias. A la luz del COVID-19, el aprendizaje a distancia se ha hecho esencial. Sin embargo, los niños más vulnerables no tienen acceso al aprendizaje a distancia, ya que no disponen de ordenadores ni de acceso a Internet, y algunas veces ni siquiera tienen electricidad, por lo que necesitan soluciones de baja tecnología o no tecnológicas. Un programa oportuno de educación de recuperación para quienes no han podido acceder a ninguna forma de educación durante una crisis puede ayudar a asegurar que estos niños vuelvan a estar escolarizados. El acceso libre y universal a la educación obligatoria básica sigue siendo crucial, al igual que las comidas escolares, y los subsidios para los costos indirectos, como los uniformes escolares, los libros de texto y el transporte escolar.
- Mayor promoción y más alianzas: En tiempos de crisis, es más importante que nunca centrarse en los niños y las familias vulnerables, y mancomunar esfuerzos con todas las partes interesadas a fin de asegurar que las necesidades de los niños ocupen un lugar prioritario en la respuesta a la crisis. Los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas, los socios regionales y los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante para lograr que la lucha contra el trabajo infantil continúe siendo una cuestión prioritaria, abogar por unas políticas “acertadas” y movilizar el apoyo político y financiero.
Es importante encarar el reto con una visión integrada de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, cuya importancia aumenta en tiempos de crisis. Estos derechos abarcan los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva que contribuyen a un salario decente y a unas buenas condiciones de trabajo para los padres de los niños que corren el riesgo de caer en una situación de trabajo infantil. Incluyen la igualdad de oportunidades y de trato, para que ningún trabajador sea objeto de discriminación por motivos de edad, sexo, raza, situación migratoria o creencia religiosa. También consideran el trabajo forzoso como una violación de los derechos humanos que debe erradicarse. Todos estos derechos fundamentales en el trabajo forman parte integrante de la respuesta más amplia basada en los derechos humanos y centrada en los niños que sienta las bases para una recuperación inclusiva y sostenible que no deje a nadie atrás.
