Continuamos con nuestro seguimiento de la herramienta social más importante de nuestro sector: el Servicio Universal. Si en 2013 anunciábamos nuestro ensayo1servicio_universal sobre la materia (posiblemente, el más exhaustivo de los publicados en España), no hemos cejado de reivindicar su esencial papel hasta el presente, hasta el punto de superar las setenta publicaciones en poco menos de 8 años2servicio+universal.
En esta ocasión volvemos a tratar una de sus principales características: el coste neto (o por sus siglas, CNSU: Coste Neto Servicio Universal). Bajo este concepto se estipula el coste que soporta Telefónica por prestar los conceptos incluidos en el alcance del Servicio Universal (servicio telefónico fijo, abono social, cabinas, ayudas a discapacitados y guías telefónicas, en un principio; a las que se añadió la conexión a Internet a 1 Mbps desde 2012). Una vez obtenido dicho coste, sufragado en un inicio íntegramente por Telefónica, el regulador debe evaluar la existencia de una carga injustificada para Telefónica como consecuencia de la obligación de prestar dicho servicio universal.
Para el año 2018, CNMC ha considerado3expedientes los siguientes elementos:
Como se puede observar, la cifra resultante en coste neto supera los 14,6 millones de euros. Una cantidad muy semejante a la de 2017, lo que viene a demostrar el estancamiento de esta herramienta.
*El coste neto de los años 1998-1999 se cuantificó en 189.000 millones de pesetas.
**En principio se tasó en 120,38 millones de euros, pero un recurso de France Telecom y Vodafone lo rebajó a 18,8.
Acaba su dictamen la CNMC reconociendo “la existencia de una carga injustificada para Telefónica de España, S.A.U como consecuencia de la obligación de prestación del servicio universal en el ejercicio 2018”. Finalizada esta parte del proceso, el regulador deberá determinar qué operadores están obligados a financiar dicha carga, y en qué proporción, como viene sucediendo cada ejercicio4coste-del-servicio-universal.
UGT considera que no se puede permanecer más tiempo en esta situación. Es imperioso hacer una profunda reforma del Servicio Universal, para dotarlo de actualidad y utilidad, empezando por modificar su financiación para inmediatamente renovar su alcance.
Por tanto, desde UGT proponemos5355460-2; 458213-2:
- Que la financiación del Servicio Universal se haga con cargo de los Presupuestos Generales del Estado: El Servicio Universal es una herramienta cívica, una red social de protección, creada para generar equidad y evitar exclusiones. Se trata de un servicio público, y por tanto, competencia exclusiva del Estado, que debe garantizar su financiación mediante fondos públicos.
- Ampliar las garantías del Servicio Universal, mediante la instauración de tarifas socialesabordables para colectivos en situación de vulnerabilidad digital, que contengan, al menos, las siguientes características:
- Conexión a Internet de un mínimo 30 Mbps, ampliables a 100 en un corto plazo. Esta velocidad se actualizará en función de las necesidades de la ciudadanía (por ejemplo, para soluciones de e-salud en zonas rurales).
- Acceso a una línea de telefonía móvil, con servicios de voz y datos, con límites de uso razonables y acordes con las necesidades de dichos colectivos.
- Tarifa mensual menor a 20€, cofinanciada por el Fondo del Servicio Universal, en función de los umbrales de ingresos familiares que se determinen.
- En caso de impago de las facturas, la conexión debe mantenerse durante al menos tres meses para llamadas entrantes y de emergencias.
El Sindicato considera urgente acometer esta reforma, otorgándole prioridad. No será posible construir una sociedad digital inclusiva si no somos capaces de ayudar a quienes lo necesitan. Se trata de equidad social, en este caso, en su vertiente digital, y todos debemos implicarnos en ella con la misma intensidad que lo hacemos en otros casos, supuestos y sectores.
