“AT&T ha discriminado sistemáticamente a los barrios de bajos ingresos de Cleveland en su despliegue de Internet durante la última década”. Con esta contundencia y claridad comienza el informe[1] confeccionado por las asociaciones NDIA (National Digital Inclusion Alliance) y CYC (Connect Your Community), que, como su propio nombre indican, se dedican a promover la inclusión digital de colectivos vulnerables en EEUU.
La afirmación se basa en un completísimo análisis cartográfico con los datos de disponibilidad de banda ancha que proporciona la FCC, el regulador sectorial estadounidense:
Tal y como se aprecia en la imagen, aquellos barrios poblados por personas con menores ingresos –en rosado- han sido ignorados en los despliegues de fibra óptica de AT&T –en verde-. La evidencia visual es impactante y aparentemente irrefutable.
El informe asegura que AT&T ha optado por no extender su infraestructura FTTN a la mayoría de los bloques de viviendas con tasas de pobreza individuales por encima del 35%.
De hecho, se afirma que estos estos barrios han sido relegados a conectarse con tecnología ADSL, dejando las inversiones en infraestructuras modernas en los barrios de ingresos medios y altos.
Como resultado, los residentes de estos barrios sufren un acceso a Internet desigual, a menudo muy limitado, con velocidad de 3 Mbps abajo e incluso inferiores.
Sin embargo, AT&T no está de acuerdo con estas afirmaciones, aunque sus declaraciones tampoco explican la situación[2]: «El acceso a Internet es esencial, por lo que hemos invertido continuamente en la expansión del servicio y la mejora de la velocidad. El informe no refleja con exactitud la inversión que hemos hecho para llevar Internet rápido a áreas urbanas y rurales a través de los EE.UU. Mientras estamos invirtiendo en banda ancha, también estamos invirtiendo en tecnologías que mitigan algunas de las limitaciones de la infraestructura».
Finalmente, cabe reseñar que no es la primera vez que AT&T se ve envuelta en una polémica de estas características[3]. En diciembre de 2016 fue fuertemente criticada por varias asociaciones pro derechos civiles ante su negativa a participar en el programa estatal de ayudas para familias con bajos recursos, al entender que las tarifas de Internet de su programa “Access[4]” eran mejores que las promovidas por el Gobierno. Este gesto fue descrito, irónicamente, por las organizaciones de usuarios como una demostración de su “verdadera responsabilidad corporativa”.
UGT Comunicaciones
[1] https://drive.google.com/file/d/0B62ag-I_FGHrN1hhbDdQX2NiV2s/view
[2] http://www.fiercetelecom.com/telecom/at-t-accused-ignoring-lower-income-cleveland-neighborhoods-broadband-needs
[3] http://www.dallasnews.com/business/technology/2016/12/14/att-criticized-opting-government-program-give-internet-subsidies-poor
[4] https://www.att.com/shop/internet/access/#/
