Han pasado 22 años desde que se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones en España y Europa. Más de dos décadas desde que se creó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), embrión de la actual Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
En este tiempo nuestro sector ha cambiado de forma notable, en todas sus vertientes: fisonomía, productos, competidores, tecnologías, omnicanalidad y un larguísimo etcétera. Hemos pasado de un único operador “incumbente”, y de propiedad estatal, al extremo contrario, con más de 20 marcas comerciales compitiendo en España. En Europa, el número de operadores de telefonía móvil supera los 450 para los 28 Estados Miembros (en EEUU, con una población semejante, solo hay 3). Un sinsentido que conforma una paradoja sin igual en otros sectores: en los últimos 12 años, a pesar de multiplicar por dos el número de conexiones, la facturación global ha descendido un 33%. La principal consecuencia ha sido la destrucción del 41% del empleo sectorial en 21 años. Un empleo, recordemos, de calidad, con derechos, bien remunerado y, además, altísimamente cualificado. Una barbaridad sobre la que no cabe explicación racional alguna.
La CNMC, el principal regulador de nuestro sector, no solo debería ser consciente de esta situación, sino que además debería implicarse, al objeto de ponerle remedio. No es de recibo seguir aplicando empecinadamente normas diseñadas para otra época y otros mercados, con otros actores y otras situaciones, radicalmente diferentes a las actuales.
En consecuencia, UGT ha remitido una carta a la presidenta de la CNMC (Dña. Cani Fernández), en la que compartimos “la situación límite de la que todos debemos ser conscientes, para actuar en consecuencia”.
Así, nuestro Sindicato no sólo constata la sangría de la pérdida de puestos de trabajo que hemos sufrido año tras año, sino los motivos que están detrás de la misma: Una competencia apuntalada exclusivamente sobre precios, que lamina los ingresos de las compañías inversoras, la artificial superpoblación de operadoras que únicamente debilita sus capacidades y un absoluto abandono de legisladores y reguladores por la situación del empleo.
De hecho, la obsesión por la reducción de precios ha llegado a un punto de no retorno. Los datos no pueden ser más evidentes. Desde la liberación de las telecomunicaciones, el precio de las telecos en nuestro país, en comparación con el IPC general, ha descendido un 70%. Un diferencial que no da más de sí.
En la misma carta, hemos recordado al regulador que el Plan Estratégico de la CNMC1Plan al que UGT presentó alegaciones: https://www.cnmc.es/file/8571/download afirma que “El funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados es un principio básico de la economía de mercado, pero además es condición necesaria para que ésta facilite a la sociedad los mayores niveles de crecimiento, empleo y bienestar posible2Plan Estratégico”. Un extremo que, para el caso del empleo en el Sector de las Comunicaciones, es evidente que no se cumple.
Por todo ello, entendemos que el regulador no puede ni debe quedarse impasible ante esta situación. Es su deber atender el aspecto del empleo como parte fundamental, esencial e irrenunciable de sus políticas regulatorias. La competencia y la regulación no pueden vertebrarse de espaldas al mercado de trabajo. A tal efecto, hemos trasladado y reiterado nuestras propuestas:
- Confeccionar una memoria de empleo donde se especifique cual será el impacto real de cualquier novedad normativa, regulatoria o legislativa sobre este aspecto.
- Eliminar cualquier favoritismo hacia OMV y OTT, erradicando cualquier diferencia regulatoria entre éstos y los operadores inversores y creadores de infraestructuras, apuntalando la coinversión como eje principal de colaboración.
- Instaurar la necesidad de contemplar medidas de fomento del empleo en todos los procesos de licitación para la explotación de espectro, priorizándolas sobre cualquier modelo de recaudación dineraria.
A la espera de una respuesta por parte del organismo regulador, UGT continuará defendiendo los intereses de las personas trabajadoras del Sector de las Comunicaciones, ante todas las instituciones implicadas, en un momento tan especial como el que estamos viviendo.
De nada vale quejarse sin actuar. Debemos denunciar, proponer y exigir porque, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer.
