Aunque haya sido, desde nuestro punto de vista, algo tarde[1], no cabe duda que el Gobierno se ha puesto manos a la obra para impulsar el 5G en nuestro país.
Primero fue la consulta pública sobre el Plan Nacional sobre el 5G, a la que solo acudió UGT entre todos los sindicatos españoles[2], para inmediatamente a continuación, poner en marcha dos iniciativas casi en paralelo: una subvención de 20 millones de euros para proyectos piloto de 5G, y la más importante, comenzar el proceso de licitación de la banda de frecuencias de 3,5 GHz, clave para el desarrollo de la quinta generación de telefonía móvil.
Con la primera medida, el Gobierno pretende “apoyar los despliegues de las primeras redes 5G, experimentar con las técnicas de gestión de red que permite la tecnología 5G y desarrollar casos de uso, con la implicación de todos los agentes, incluyendo los usuarios, que permitan acreditar las tres grandes mejoras aportadas por el 5G: banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad, comunicaciones ultra fiables y de baja latencia y comunicaciones masivas máquina a máquina[3]”, para lo que presupuesta los citados 20 millones de euros.
En segundo caso, la licitación de las frecuencias identificadas por la UE como indispensables, pretende “diseñar y ejecutar acciones dedicadas a la ordenación, adjudicación y puesta a disposición de bandas de frecuencias necesarias para la prestación de los servicios de comunicaciones sobre redes 5G[4]”. La normativa fija[5] un máximo de un límite de 120 MHz como el máximo de frecuencias que podrá disponer un mismo operador o grupo empresarial en el conjunto de la banda de 3,4-3,8 GHz. Con este margen, se busca “garantizar que el proceso de licitación de esta banda se produzca en condiciones competitivas entre los interesados, así como un uso eficiente del espectro y el acceso por parte de cada operador a una cantidad de espectro suficiente para aprovechar todas las potencialidades de la tecnología 5G”. No obstante, y como casi siempre en estos casos, hay actores afectados por esta subasta que no están conformes con sus reglas de funcionamiento[6], y otros que las aprueban tácitamente[7], mientras que el Gobierno defiende su idoneidad[8].
UGT da la bienvenida a ambas medidas, que junto con la liberación del segundo dividendo digital sobre la banda de 700 MHz[9], proveen una agenda y un marco de seguridad jurídica ideal para la puesta en marcha del 5G en España en el año objetivo de 2020.
UGT Comunicaciones
[1] http://www.smcugt.org/noticia/adelantar-el-segundo-dividendo-
[2] http://ugtcomunicaciones.es/wordpress/ugt-vuelve-unico-sindicato-defender-derechos-
[3] http://www.minetad.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2018/Paginas/20180223-aydas-programas-pilotos.aspx
[4] http://www.minetad.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2018/Paginas/limite-frecuencias20180221.aspx
[5] http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Paginas/proyecto-orden-modificacion-CNAF.aspx
[6] http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2018/02/26/5a93a97222601dd4648b4677.html
[7] https://www.elindependiente.com/economia/2018/02/27/telefonica-mete-presion-vodafone-orange-ira-todas-la-subasta-del-5g/
[8] https://elpais.com/tecnologia/2018/02/26/actualidad/1519659787_323974.html
[9] http://www.europapress.es/sociedad/noticia-ugt-pide-gobierno-proceso-liberacion-
