Cuando hace escasamente tres meses, el Sector de Comunicaciones y Cultura de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores celebró la jornada “Contribución justa: un paso más en el futuro de las telecos”), reuniendo a los CEO de Telefónica, Orange y Vodafone, junto con una relevante representación de Gobierno, patronales y diferentes actores de este Sector, éramos perfectamente conscientes de la motivación y la finalidad que nos llevó a celebrar dicho encuentro: impulsar el imprescindible empleo tecnológico en nuestro país y generar una adecuada redistribución de la riqueza, en un entorno económico y regulatorio obsoleto, ineficaz y asimétrico.
Porque el debate sobre la contribución justa tiene y debe ir más allá de una supuesta pugna entre empresas y patronales, centrándose en dos cuestiones vitales para nuestra economía: la masiva destrucción de empleo tecnológico en España y en cómo los beneficios dinerarios de la digitalización acaban en manos de unos pocos, residentes habituales de paraísos fiscales.
En nuestro país se han destruido más de 18.000 puestos de trabajo en el sector de las telecomunicaciones en la última década (más de 41.000 desde principios de siglo). Empleo de la máxima cualificación, tecnológico, digital y con salarios y condiciones de trabajo más que dignas. Entre medias, los denominados “gigantes digitales” apenas han creado en nuestro país 3.800 puestos de trabajo tecnológicos , una cifra hoy sensiblemente inferior a causa de las recientes oleadas de despidos (siempre con mayor afectación fuera de sus fronteras de origen). En comparación, las cuatro principales operadoras sitas en nuestro país (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil) multiplican por seis esa cifra, superando los 28.000 empleos directos. Si tenemos en cuenta el conjunto del sector audiovisual y telecomunicaciones, se multiplica por quince el empleo que crean los gigantes digitales en España (+57.000 puestos de trabajo). Una justa contribución de dichos OTT al despliegue de infraestructuras digitales en nuestro país sin duda revertirá en un aumento del empleo del talento digital, en mejores salarios y cotizaciones, y por tanto, en mayor consumo interno y en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
Otro tanto se puede afirmar de la economía: nuestro déficit neto exterior en comercio digital se ha multiplicado por siete, hasta llega a presentar un 2,4% del PIB (28.700 millones de euros). En 2021 se volvió a romper un récord negativo: el porcentaje de negocio online que se queda en nuestras fronteras se redujo a un 31%, acumulando un desfase de diez puntos desde 2014 (3). Nuestra riqueza nacional se nos escapa entre los dedos, mientras los que se lucran pagan impuestos irrisorios, gracias a una ingeniería fiscal permisiva y anticuada.
Por todo ello, este Sector apoya firmemente cualquier cambio legislativo o regulatorio que ponga las cosas en su sitio, que devuelva a Europa y España su papel innovador y tecnológico (acordémonos del GSM), que cree empleo tecnológico y de calidad en España y en el sector de las telecomunicaciones; y, finalmente, que contribuya a una economía social, justa, que contribuya al sostenimiento y desarrollo de nuestro Estado del Bienestar.
