EEUU quiere cambiar cobre por accesos inalámbricos

5 de febrero de 2018

La nueva composición del regulador de las telecos estadounidense, la FCC, ahora controlada por los republicanos de Trump, sigue dando pasos hacia el desmantelamiento del legado de Obama. Si en un principio fue la neutralidad de la red su objetivo, enterrando el concepto[1], ahora toca el turno del apagado de la red legada de cobre.

Efectivamente, la FCC quiere dar facilidades a los operadores para cerrar sus redes de cobre, pero no sustituyéndola por fibra o cable como hasta ahora, sino permitiendo que su sustitución sea posible usando un acceso inalámbrico[2].

Hasta la fecha, el regulador estadounidense solo permitía que una línea de cobre fuese eliminada cuando era sustituida por un servicio al menos tan bueno como el que proporcionaba la antigua red de cobre[3]. Para corroborar que dicha sustitución cumplía la norma, la FCC creo una “prueba funcional” donde establecer la comparativa[4]. En la práctica, esto significaba que si un operador quería apagar un acceso de cobre debía sustituirlo por una línea de fibra o cable HFC. Dicho de otro modo, los operadores debían demostrar que el servicio de reemplazo es igual de bueno, y que brinda las mismas capacidades, que el que se está suspendiendo.

La nueva FCC ha relajado la norma, eliminando esta prueba como requisito previo, lo que significa que cualquier operador puede eliminar líneas de cobre con una simple declaración de que el área en cuestión disfruta de un acceso alternativo, como podría representar la cobertura de un servicio de banda ancha móvil. De este modo, los operadores implicados evitarían instalar fibra o cable para apagar la red legada, reemplazando cobre por acceso inalámbricos, lo que representaría un ahorro de costes muy relevante.

Pero la cuestión es que este cambio normativo encierra un evidente perjuicio para aquellas zonas más vulnerables, normalmente rurales o alejadas de grandes núcleos de población. Así, estas áreas no sólo se verían privadas de acceder a infraestructuras modernas, sino que incluso rebajarían la calidad de su conexión al pasar a una inestable conexión inalámbrica que nadie testearía antes del apagado de la línea de cobre. Es un hecho que, con la anterior norma, donde había cobre tendría que haber fibra o cobre, y con esta nueva pauta, ni una cosa ni otra, e incluso una peor.

Este movimiento no ha pasado desapercibido ni para las asociaciones de consumidores/ONG[5], ni para sindicatos[6] ni para la oposición del Partido Demócrata[7], que han criticado fuertemente la medida, por insolidaria, discriminatoria y regresiva.

En el otro lado, los operadores, que aplauden el cambio en la ley, gracias a la reducción de costos que implica[8].

Para UGT Comunicaciones, la decisión de la administración Trump es profundamente errónea. Si bien es cierto que en nuestro modelo de Sector defendemos el uso de redes inalámbricas para llevar internet a zonas desfavorecidas, siempre hemos hablado de zonas sin cobertura de ninguna clase de tecnología. No podemos suscribir ni aceptar que se use un atajo normativo para empeorar la calidad del servicio, que sin duda alguna aumentará la brecha digital e incrementará la fractura social entre aquellos privilegiados con redes de última generación en su hogar y aquellos que nunca podrán conectarse a Internet de forma funcional.