UGT condena y rechaza el nuevo ERE planteado por Vodafone. Una vez más, estamos ante una muestra de los problemas que aquejan al mercado laboral español, al tiempo que evidencia los problemas estructurales del sector de las telecomunicaciones.
Unas leyes laborales excesivamente permisivas han facilitado que una vez más una compañía -en este caso Vodafone- opte por la solución más fácil y, al mismo tiempo, más inútil y más torpe para resolver los desequilibrios financieros causados, en gran parte, por decisiones erróneas tomadas por su dirección: el despido de 509 compañeras y compañeros. Muchos de los cuales fueron trabajadores esenciales durante el pasado confinamiento y asumieron riesgos para facilitar el acceso a unas comunicaciones que facilitaron las condiciones de teletrabajo y de ocio de toda una sociedad. Eran y son esenciales y, por tanto, no pueden ser las víctimas del economicismo cortoplacista de las direcciones y accionistas.
Tampoco se puede obviar el daño que hará este ERE a la brecha digital y a la calidad de la atención a los usuarios de telecomunicaciones. El cierre de tiendas condena al ostracismo a miles personas que no podrán acceder a una conectividad esencial en el contexto digital que vivimos. Y la ausencia de un contacto físico en las tiendas empeorará la atención a la ciudadanía, que se verá postergada a la incertidumbre de la atención virtual despersonalizada.
Empresas que parasitan versus empresas que invierten
Desde el punto de vista regulatorio no se puede seguir apostando por unas leyes de telecomunicaciones que fomentan la competencia desigual entre operadoras que invierten y crean empleo y aquellas otras que aportan poco más que una guerra de precios, sintiéndose muy cómodas en un rol parasitario dentro del sector.
Podemos pensar que esto favorece a la sociedad, pero no es realmente así: una competencia sin más valor añadido que el precio pone en riesgo la inversión en infraestructuras necesarias para mantener la competitividad de nuestro país, y destruye empleo, como el de Vodafone, que empobrece al tejido social de nuestras ciudades. Significa, en resumidas cuentas, destruir riqueza presente y futura.
