UGT apuesta por el blindaje anti-opas y así se lo ha hecho saber a los principales partidos políticos.
Uno de los efectos económicos de la pandemia Covid, más allá de los entornos macro, fue el desplome bursátil de muchísimas empresas, colocándolas en una situación de tremenda vulnerabilidad ante OPAs hostiles, provenientes tanto de actores de fuera de la UE como de dentro de la propia Unión Europea.
Tanto fue así, que este sindicato llamó la atención de esta circunstancia en la primavera de 2020, aun en situación de confinamiento domiciliario. En aquella ocasión, informábamos de la promulgación de varios reales decretos que aumentaban la protección de empresas estratégicas, como Telefónica, ante las posibles compras agresivas de terceros, hasta conformar lo que en UGT dimos en llamar como un “triple escudo antiopas”.
A través de diversos desarrollos reglamentarios, y una última prórroga a finales de 2022, se prorrogó esta blindaje hasta 2024, una medida sin duda acertada y pertinente.
Sin embargo, algunos medios de comunicación comienzan a apuntar la posibilidad de que esta protección se pueda reformar o incluso diluirse en la práctica. Las presiones de actores interesados en este tipo de operaciones (los conocidos como “los mercados”) amenazan con eliminar el poder de veto gubernamental ante la irrupción de un tercero que pretenda adquirir Telefónica (o cualquier otra empresa estratégica española). Un peligro, a nuestro modo de ver, que debe evitarse a toda costa.
UGT considera que este blindaje anti-opas debe mantenerse, como mínimo hasta la vigencia prevista de 2024, dejando un margen suficiente para volver a niveles de fortaleza semejantes a los existentes antes de la pandemia. Y para conseguirlo, este sindicato entiende que el mejor camino es un amplio consenso político que aglutine la firme intención de mantener tal escudo, con independencia de aquellos a los que los españoles y españolas votemos el 23 de julio.
En consecuencia, UGT Comunicaciones se ha dirigido a los principales partidos en liza el citado 23J, para no sólo transmitirle esta lógica preocupación, sino también para reclamarles un compromiso en defensa de los intereses de nuestro país, de nuestra economía y, sobre todo, de los que componemos Telefónica España.
Nuestro sindicato entiende que esta petición no sólo es razonable, sino que es justa y procedente con los intereses públicos y sociales de nuestro país, y por ello, esperamos una respuesta positiva de todos los partidos políticos implicados. Nuestro futuro depende de ello.
