La publicación por parte de la Comisión Europea del “Plan Coordinado sobre Inteligencia Artificial”, con el objetivo de apoyar el sello “IA fabricada en Europa”, peca, paradójicamente, de una inadmisible falta de coordinación, al hurtar de su estrategia global un aspecto clave para el futuro de nuestras economías: los efectos que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá sobre el volumen y la calidad del empleo en toda Europa.
El citado Plan centra sus esfuerzos en cuatro ejes: aumento de la inversión en IA, el establecimiento de un espacio de datos europeos, garantizar una IA ética, y el fomento del talento sobre esta tecnología, pero omite una parte esencial: la posible desaparición de cientos de miles, e incluso millones, de puestos de trabajo.
Así, el plan centra toda su acción en los posibles beneficios que la IA conllevaría, como la mejora de la eficiencia de los negocios, y en la necesidad de crear nuevas titulaciones acordes con las necesidades de las empresas, iniciativas ambas muy loables y desde luego importantes, pero se olvida de otra parte sustancial: los riesgos. Cuando se habla de un “plan coordinado” es obligado contemplar las oportunidades, pero también los peligros. De poco sirve elaborar estrategias para la creación de nuevo empleo si olvidamos a las personas que pueden perder el suyo. El plan coordinado omite, deliberadamente, la parte menos amable de la Inteligencia Artificial.
Este olvido se hace difícil de explicar y entender cuando una de las más importantes Direcciones Generales de la Comisión – la referida a Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión- concluyó hace menos de seis meses que el 32% de los empleos actuales en España podría automatizarse completamente, por casi un 30% que podría hacerlo parcialmente. Esto supondría que más de la mitad de los actuales puestos de trabajo estarían afectados por el proceso de automatización en la próxima década (casi 12 millones de empleos). Este estudio fue profundamente analizado en la publicación “Impacto de la automatización en el empleo en España”, editada por UGT en noviembre de 2018.
La Comisión Europea, en vez de construir un auténtico plan integral que contemple todos los aspectos relacionados con la IA, y en especial aquellos relacionados sobre el empleo, los trocea de forma intencionada, posponiendo cualquier estrategia a las conclusiones de un Grupo de Expertos de Alto Nivel, que tiene previsto dar a conocer sus primeras conclusiones en febrero de 2019, cuatro meses después de la publicación de este “Plan Coordinado” y a las puertas de las elecciones europeas, lo que dilatará cualquier toma de decisión como mínimo un año. Además, entre los componentes de este Grupo no existe ninguna representación sindical o apegada al mundo laboral y al tejido productivo real, lo que vicia cualquier análisis haciéndolo, como mínimo, incompleto, cuando no parcial.
En resumen, Europa y la Comisión Europea no pueden dar la espalda a los riesgos implícitos y explícitos de la IA sobre el volumen neto de empleo y sobre su calidad.
UGT propone tres medidas para paliar estas carencias:
- La inclusión de expertos vinculados al mundo de los trabajadores y sus representantes que completen la visión del Grupo de Expertos para que sus conclusiones sean lo más cercanas a la realidad cotidiana del trabajo. Cuanto más amplia sea la visión del Grupo de Trabajo más relevantes serán sus conclusiones.
- La puesta en marcha inmediata de una “Estrategia por el Empleo del Futuro”, de carácter europeo, y realmente coordinada con los planes de apoyo a la IA, que tenga en cuenta todos los aspectos relacionados con la automatización y la digitalización del trabajo y que proponga medidas, planes y acciones para reciclar y recualificar a la fuerza de trabajo, con la finalidad de proporcionar empleabilidad a los trabajadores europeos en este proceso de transformación digital.
- Una redefinición de actual Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización hacia un Fondo de Adaptación a la Digitalización, aumentado su aporte presupuestario, que sirva para prestar auxilio económico los Estados Miembros y que redunde en la creación de ayudas a la formación y readaptación en competencias, además de contener partidas económicas para aquellas personas que no puedan adaptarse a los requerimientos del empleo del futuro.
