- Banda ancha rápida para 2020: cobertura de banda ancha de 30 Mbps o superior para el 100% de los ciudadanos europeos.
- Banda ancha ultrarrápida para 2020: un 50% de los hogares europeos deberán contar con abonos por encima de los 100 Mbps.
Estos son dos de los objetivos de la Agenda Digital para Europa1https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:es:PDF. Aquellos que la Comisión Europea propuso en 2010 a todos sus Estados Miembros, y que se asumieron por todos. Sin embargo, para el caso concreto de España, a estas alturas, ya en pleno 2019, estamos muy lejos de poder alcanzar su cumplimiento.
Para el primero de los objetivos, la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD, antes SESIAD) confirma que estamos a casi un 20% de lograrlo, un diferencial difícil de reponer en tan poco tiempo:
Para el segundo objetivo, que la mitad de los contratos estén ligados a conexiones superiores a los 100 Mbps, a mediados de 2017, la Comisión Europea cifraba en un 24% el número de contratos bajo esta premisa en España (un 20% de media en Europa); es decir, la mitad de lo previsto, también muy lejos del objetivo fijado:
Ambas métricas demuestran el fracaso de Europa y España a la hora de conseguir los objetivos perseguidos para conformar una auténtica sociedad digital.
La pregunta que debería seguir a esta constatación es ¿por qué? Pues dos reciente publicaciones, una del Tribunal de Cuentas europeo2https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_ES.pdf y la otra del Centre of Regulation in Europe (CERRE3https://www.cerre.eu/sites/cerre/files/CERRE_StateAidBroadband_FinalReport.pdf) podrían darnos pistas para conformar una posible respuesta.
Una de las razones que llevaría a este fracaso es la práctica ausencia de ayudas públicas, y cuando han existido, su ineficacia territorial.
Así, se espera que el sector privado financie el 95% de la construcción de estas nuevas redes, lo que deja un exiguo 5% para los Gobiernos, una cantidad excesivamente pequeña para lograr las pretensiones iniciales. El estudio del CERRE ha desvelado que la financiación pública combinada para respaldar el despliegue de banda ancha en el período hasta 2020 asciende a unos 7.000 millones de euros por año, una cantidad ridícula, lo que resulta que, a este ritmo, a Europa le llevará casi 30 años cumplir sus objetivos de FTTH.
Por otro lado, aun existiendo financiación para la creación de nuevas redes (por ejemplo, el Fondo de Conexión Europa, dotado con 24.000 millones para inversiones en transporte, energía e infraestructura digital), muchas operadoras optan por no recurrir a ella, puesto que es difícil convencer a los accionistas para que inviertan en áreas rurales donde el retorno es incierto, incluso con el estímulo señalado.
Además, la ineficiencia de estas ayudas, muy dirigidas a espacios de orden rural, ha creado disfunciones y paradojas difíciles de asimilar. Por ejemplo, existen muchas áreas rurales que han recibido ayudas públicas, y por tanto disfrutan de velocidades ultrarrápidas, mientras que «segundas ciudades» vecinas de dichas áreas rurales, y con poblaciones sensiblemente superiores, siguen conectándose con vetustas redes de cobre. Curiosamente, Europa ha tardado cinco años en darse cuenta de algo que ya denunció UGT, para finalmente, darnos la razón al completo4http://www.ugt-comunicaciones-madrid.es/wp-content/uploads/2013/01/LA-CE-RUBRICA-LAS-TESIS-DE-UGT-SOBRE-AYUDAS-PUBLICAS-A-LA-BANDA-ANCHA.pdf .
Esta divergencia afecta negativamente al número de personas con cobertura NGN, y su posterior contratación, lo que ha laminado la consecución de los objetivos previstos. El CERRE describe a la financiación pública europea como «pobremente coordinada, insuficientemente monitoreada y sujeta a reglas que deben simplificarse y actualizarse». No obstante, el Tribunal de Cuentas europeo señala que “las zonas rurales siguen resultando problemáticas en la mayoría de los Estados miembros: catorce de los veintiocho Estados miembros contaban con una cobertura de banda ancha rápida inferior al 50 % en dichas zonas”. Y entre éstos, se ubica España:
Para finalizar, y por si todo esto fuese poco, se encuentran amplias variaciones en la financiación pública entre los países de la Unión. En el período 2003-18, Francia gastó alrededor de 215 euros per cápita e Italia 145 euros, mientras que la mayoría de los estados de la UE gastaron menos de 100 euros per cápita y algunos menos de 10 euros. España gastó 34,3€ por cada habitante, lo que no nos sitúa precisamente en el liderazgo europeo.
Estas cifras y evidencias confirman los planteamientos previos exhibidos por UGT en infinidad de ocasiones: no existen suficientes ayudas públicas para cerrar la Brecha Digital territorial, ni en España ni en Europa. No se dota de fondos ni de presupuestos suficientes, a pesar de que es más que sabido que no se van a alcanzar los objetivos comprometidos.
Nuestros gobernantes siguen adoleciendo de una insoportable ceguera digital, de falta de previsión, de conocimientos y de capacidad para anticiparse al futuro.
Las pruebas son tan evidentes que huelga reiterarlas. Pero si estamos en la obligación de insistir en que por este camino ni cambiaremos nuestro modelo productivo, ni acabaremos con la brecha digital, ni fomentamos la cohesión territorial, ni crecerá la economía, ni se creará empleo de valor y alta cualificación, y por supuesto, nuestra Sociedad seguirá estancada en unas tecnologías obsoletas e ineficientes.
