La pandemia Covid19 ha demostrado la importancia de contar con redes de telecomunicaciones capilares, robustas y de vanguardia. Sin ellas, los periodos de confinamiento no hubiesen sido concebidos de la misma manera: no hubiese sido posible teletrabajar con soltura, ni impartir/recibir clases a distancia y las posibilidades de entretenimiento habrían disminuido ostensiblemente.
Sin embargo, esta conectividad, aunque abiertamente mayoritaria, sigue marcada por la exclusión de un número elevado de personas. La publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida por INE, correspondiente al año 2019, desvela una realidad alarmante: todavía un 4,62% de la población española no puede permitirse una conexión a Internet. Se trata de 2,17 millones de conciudadanos en los que su situación de vulnerabilidad económica les impide sufragarse una conexión a Internet, ya sea fija o móvil, en su hogar.
El análisis de los microdatos publicados por el INE también descubren otras carencias, que podrían parecen de otra época, pero que todavía son parte de nuestro día a día: casi un millón de hogares afirman no tener capacidad económica para adquirir un ordenador y otros 30.500 ni siquiera pueden pagarse una conexión telefónica básica.
En una sociedad como la actual no disponer de conexión a Internet supone, de facto, un elemento de exclusión radical. Todas estas personas y familias verán severamente mermadas sus posibilidades laborales, sociales y económicas como consecuencia de esta desconexión. Hoy por hoy, y así lo han confirmado los reales decretos aprobados por el Gobierno durante los momentos más duros de la pandemia, la conexión a Internet es una necesidad vital comparable al suministro de agua, gas o electricidad. En resumen, Internet no solo es no es un artículo de lujo, es un derecho, tal y como lo describe la ONU.
UGT Comunicaciones insiste y reitera la necesidad de tomar medidas dirigidas específicamente a estos colectivos vulnerables, mejorando la actual cobertura del Servicio Universal. Es preciso poner en marcha un plan integral contra la brecha digital, en forma Plan Nacional de Inclusión Digital, que incluya la instauración de tarifas sociales asequibles para estos colectivos vulnerables, tal y como recomienda la CNMC y como aplican países como Francia, Reino Unido, EEUU, Hungría o Lituania.
Si no se toman estas medias, en opinión de UGT, estaremos abocando al fracaso el esfuerzo inversor de Estado y operadoras en nuevas redes de telecomunicaciones y dejando atrás a millones de personas que quedarán fuera, quizás para siempre, de una Sociedad que se está desarrollando en clave 100% digital.
