En una interesantísima entrada de su blog1https://blog.cnmc.es/2021/01/05/las-subastas-5g-y-las-ventajas-del-orden/, la CNMC ha presentado su propuesta de reordenación de la banda de frecuencias entre los 3,4 y los 3,8 GHz, en virtud del próxima subasta de 20 MHz en dicha banda, hasta ahora propiedad del Ministerio de Defensa2https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/27/companias/1606507228_451341.html.
Bajo una lógica aplastante, y atendiendo a las recomendaciones del estándar 5G, que exige la continuidad de los bloques de frecuencias para cada operador, el regulador propone a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones una reordenación de toda la banda.
Recuerda la CNMC que esta banda ha sufrido varios procesos de licitación, hasta alcanzar su actual composición, con Orange acumulando 100 MHz, Telefónica y Vodafone tienen 90 y los 80 MHz de MásMóvil. Todos ellos dispuestos de forma muy fragmentada, tal y como puede verse en esta imagen proporcionada por la propia CNMC3https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc04520:
Cantidad de espectro que posee cada entidad en la banda 5G de 3,5 GHz4https://bandaancha.eu/articulos/frecuencias-5g-operadoras-espana-9815
A partir de esta disposición, la CNMC reflexiona, acertadamente, lo siguiente: “Una vez licitados los 20 MHz, y reservados los 20 MHz para garantizar la compatibilidad con los sistemas de la OTAN, se dispondrá de 380 MHz contiguos destinados a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas”, por lo que propone reubicarlos “con el objetivo de que las concesiones de un mismo operador puedan ser contiguas y alcanzar así un uso más eficiente del espectro radioeléctrico”.
Teniendo en cuenta que el máximo espectro posible por operador es de 120 MHz, al objeto de poner límites de acaparamiento, la CNMC considera “deseable” colocar los bloques contiguos en función de su propiedad; en un principio, “sin necesidad” de intervención por parte del Gobierno o la misma CNMC.
Dicho de otro modo, la CNMC sugiere poner de acuerdo a los cuatro operadores implicados, remarcando que “en el caso de que dicho acuerdo no se pudiera alcanzar, debería ser la SETID la que determine las condiciones de la reorganización”, para finalmente proponer reducciones en las tasas para aquellos operadores que pudiesen salir perjudicados en dicha reorganización.
