En una brevísima nota de prensa, que redirige a una serie de archivos inaccesibles a la hora de redactar este informe, el regulador nacional de las telecos anuncia la incoación de expedientes sancionadores a los operadores MásMóvil y República Móvil por presuntas infracciones en los procesos de portabilidad.
En concreto, la CNMC informa[1] que la apertura “estaría motivada por el presunto incumplimiento por parte de estas dos empresas de algunos de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de telecomunicaciones, durante la tramitación de determinadas solicitudes de portabilidad en calidad de operador donante (Más Móvil Telecom 3.0, S.A.) y receptor (República de Comunicaciones Móviles, S.L.)”.
Como siempre en estos casos, el proceso de análisis y cierre del expediente –ya sea con sanción o no- se puede dilatar hasta un año.
La valoración de UGT pasa por criticar la parquedad de la información. Es evidente que es preciso informar, pero si los datos que se aportan son tan escasos, flaco favor se hace a todos. A ambos operadores, que se les señala por algo que no se sabe bien que es. A los consumidores, que no saben a qué atenerse. Y la Sociedad en general, que escucha la noticia sin saber el fondo y su significancia.
Obviamente, el sigilo y la confidencialidad debe presidir el proceso, pero algo más de información no estaría de más, para que todos los actores que conformamos este sector sepamos de qué estamos hablando.
