La sentencia1https://vlex.es/vid/845817013 del Tribunal Supremo que anuló la designación de Telefónica como “operador encargado de la prestación del elemento de servicio universal de telecomunicaciones relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago” (las cabinas), para el ejercicio 2019, tiene un fortísimo impacto en la financiación del Servicio Universal. Hasta el punto de que, si en 2018 el coste atribuible ascendió a 14,64 millones2https://www.ugtcomunicaciones.es/wordpress/se-estanca-el-coste-del-servicio-universal/, en 2019 esta cantidad descendió hasta los 6,89 millones3https://www.cnmc.es/sites/default/files/4181540.pdf, lo que supone un reducción del 53% (no obstante, el regulador estima que el coste total debería ser de 9,96 millones si se sumasen las cabinas).
En la siguiente gráfica se aprecia la trayectoria claramente descendente de este paraguas social hasta su mínimo de 2019:
*El coste neto de los años 1998-1999 se cuantificó en 189.000 millones de pesetas.
**En principio se tasó en 120,38 millones de euros, pero un recurso de France Telecom y Vodafone lo rebajó a 18,8.
Tal y como indica la CNMC en su nota de prensa4https://www.cnmc.es/prensa/servicio-universal-telecos-20220630, los servicios que la prestado Telefónica en 2019, dentro del servicio universal, son los siguientes:
- La prestación de la conexión a la red desde una ubicación fija, el servicio telefónico y la conectividad a internet a 1 Mb/s en zonas no rentables.
- Las prestaciones a usuarios con discapacidad, tales como facturas en Braille.
- Usuarios con tarifas especiales: la principal partida de este componente es el abono social.
Y en la siguiente tabla se pueden observar los costes imputables:
Realizado este ejercicio de cálculo, ahora la CNMC debe determinar que operadores están obligados a financiar este coste (se deberá verificar cuales superan los 100 millones de ingresos anuales) y en qué proporción (en 2018 fueron hasta 15 operadores5https://www.ugtcomunicaciones.es/wordpress/ree-y-digi-tambien-sufragaran-el-servicio-universal-de-comunicaciones-2/). Una vez recibidos los pagos, deberá transferir a Telefónica las cantidades asumidas por adelantado que no le corresponden (en 2018, Telefónica España abonó el 45% del coste total del servicio universal).
Para el futuro, habrá que valorar la evolución de los nuevos bonos de conectividad para usuarios vulnerables inscritos en la nueva Ley General de Telecomunicaciones6https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10757, que sin duda acabarán teniendo su impacto contable.
