No es ninguna noticia nueva. Nada que no se supiera o que no se adivinase en estudios anteriores. Pero la publicación del último estudio del Foro Económico Mundial (Readiness for the Future of Production Report 2018[1]), pone de manifiesto, en incluso cuantifica, el alcance de dicho retraso.
Las cifras son tan contundentes como vergonzantes: entre las 30 economías mundiales más ricas, España ostenta un indigno vigésimo cuarto puesto en términos de preparación para la industria 4.0. A la altura de la República Checa y por detrás de Israel y Malasia.
De hecho, España no se encuentra en el top 10 de las dos principales categorías (Estructura de la Producción/ Habilitadores de la Producción).
Encontrándose siempre lejos de la posición que debería ostentar como potencia económica entre las más grandes del mundo:
Los resultados de España son muy mediocres en todos los parámetros e ítems analizados: nuestro ranking nunca supera la posición 24º posición, con subíndices por encima de la treinta hasta en cuatro ocasiones:
Las principales carencias de España se encuentran en cuestiones largamente denunciadas por UGT, como las habilidades digitales de la población (60º del mundo), la capacidad para atraer y retener el talento (64º), la capacidad del empresariado para poner en marcha ideas disruptivas (68º), el pensamiento crítico en la enseñanza (66º) o las prácticas de contratación y despido (82º).
En resumen, la situación de España para abrazar la cuarta revolución industria es tan deficitaria que podría calificarse de indigna e inadmisible.
Los poderes públicos deberían ponerse manos a la obra, ya mismo, para mitigar este desfase[2]. Se hace imprescindible confeccionar un Plan Industrial, con un Gobierno que apueste realmente por la industria, que la regenere, la oriente y la convierta en el motor de creación de empleo en nuestro país. Para ello hay que superar los principales déficits de nuestra industria actual. Déficit en inversión, formación y cualificación profesional, en el nivel tecnológico, en el desfase en I+D, en la escasa dimensión de las empresas, hasta articular actuaciones de carácter horizontal y vertical, atendiendo las necesidades de cada sector y territorio. Se trata de hacer una política de Estado que afecte al conjunto del Gobierno. Al Ministerio de Economía o el de Hacienda (respecto a medidas fiscales, por ejemplo) el Ministerio de Medio Ambiente, pasando por el de Trabajo, o el de Fomento (como el mayor gestor de suelo industrial o de infraestructuras) o al de Educación (con una formación profesional dirigida a las nuevas necesidades de los sectores industriales).
En definitiva, se hace imprescindible una política activa, coordinada y consensuada con todos los agentes implicados, para que la industria se convierta en el principal motor económico y de generación de empleo estable y con derechos de nuestro país[3].
UGT Comunicaciones
[1] https://www.weforum.org/reports/readiness-for-the-future-of-production-report-2018
[2] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/02/mercados/1514907143_326245.html
[3] http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2894
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