La publicación por parte de la Comisión Europea del Índice internacional de economía y sociedad digital (I-DESI1https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018 , por sus siglas en inglés) no brinda una nueva oportunidad para situar a nuestro país en el contexto mundial en términos de competitividad en nuevas tecnologías.
El I-DESI es una extensión del DESI europeo2
http://www.ugt.es/espana-se-ancla-en-su-retraso-digital; así, tomando de partida las cinco dimensiones que componen el índice europeo (conectividad, capital humano, uso de internet y servicios públicos digitales), se conforma una comparativa del rendimiento digital de los 28 países de la Unión con otras 17 naciones del mundo, tales como Australia, Brasil, Canadá, China, Islandia, Israel, Japón, Corea, México, Noruega, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia, Serbia, Suiza, Turquía o Estados Unidos.
Si se parte de la base que España ostenta en la actualidad la posición 13ª del mundo por PIB nomina3
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal) clasificación habitualmente usada para conocer la riqueza de un país dentro del contexto económico mundial, los resultados de España en el I-DESI son francamente mediocres.
En el ordenamiento global del I-DESI, España se encuentra en el puesto vigésimo, empatada con Bélgica e Irlanda, muy lejos de los países líderes mundiales en economía digital (Dinamarca, Corea y Finlandia) y siete puestos por debajo del puesto teórico que debería ostentar. Cabe señalar que nos encontramos por encima de la media de la UE, pero nos superan ocho países no-UE (Corea, Noruega, Suiza, Australia, Japón, Canadá, EEUU y Nueva Zelanda):
La eficiencia digital de España queda en entredicho al analizar cada dimensión del I-DESI: nunca superamos la vigésima posición, salvo en el apartado referente a servicios públicos digitales.
Por ejemplo, en Capital Humano somos los 22º (de 45), empatados con Hungría:
Y en Ciudadanía Internet (la dimensión
que analiza la eficiencia de uso de la conexión a Internet, ponderando la
lectura de noticias, las redes sociales, la banca, las compras online y el
número de dispositivos que se usan), el puesto 25º de 45 países:
Este retraso, a pesar de tener datos muy favorecedores, como el número de titulados TIC, se debe a dos causas: el poco empleo que tenemos dedicado a trabajos intensivos del conocimiento (un 33% del empleo total; puesto 32) y al poco uso que nuestros ciudadanos hacen de Internet en términos comparativos:
En la única clasificación en la que España se acerca a su nivel esperable (posición 14) es en la referida a Conectividad, posicionándonos en un 18º puesto:
En conclusión, España sigue presentando un sonoro suspenso. Las mejoras en términos absolutos de algunos apartados son irrelevantes ante los avances del resto de países, colocando a España muy lejos del lugar que nos correspondería por potencial económico.
Para UGT se hace imprescindible confeccionar, como máxima prioridad y a la mayor urgencia posible, medidas que palíen estas graves disfunciones. Por una parte, resulta imprescindible poner en marcha un Plan Nacional de Inclusión Tecnológicaque cierre la brecha de competencias y habilidades que sufre nuestra ciudadanía. Por otra, hay que movilizar los recursos necesarios para formar a desempleados y trabajadores en activo, a modo de reconversión digital. Así, se deben ampliar los presupuestos de todas las Administraciones Públicas para proporcionar la capacitación necesaria a los desempleados, al objeto de adquirir la empleabilidad que requiere un contexto de transformación tecnológica. Y, finalmente, pero no por ello menos importante, consolidar el Derecho a la Formación Profesional continua en el puesto de trabajo, como parte integral del tiempo de trabajo.
Si
no tomamos estas medidas, el resto de economías seguirán avanzando,
modernizando su tejido productivo, mientras España, fiel a su tradición,
llegará otra vez tarde a una nueva revolución tecnológica. Y como en anteriores
ocasiones, la ciudadanía y los trabajadores acabarán pagando las consecuencias
de la inacción, el desconocimiento, la incapacidad y la apatía de nuestro
Gobierno y del resto de actores legislativos y regulatorios ante semejante
desafío.
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