Alrededor de 3.900 millones de personas aún no tienen acceso a Internet, acrecentando la brecha digital entre países desarrollados y en desarrollo. Así lo afirma el último informe de la Comisión de Banda Ancha de la ONU[1], State of Broadband 2018[2].
El informe destaca que el 48% de la población mundial está conectada, lo que le permite desarrollar su bienestar personal, en materias como salud, educación, igualdad de género, inclusión financiera y seguridad alimentaria, lo que convierte a la banda ancha en un acelerador clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas[3].
La ONU denuncia que existe una creciente desigualdad digital entre países desarrollados y en desarrollo; de hecho, se prevé que la penetración de Internet en el mundo en desarrollo llegará al 41,3% a finales de 2017, mientras que la penetración de usuarios de Internet alcanzará sólo el 17,5% en los países menos adelantados en 2017.
Además, las diferencias de género persisten, aunque existan partes del mundo, como América, en las que parece disminuir. Sin embargo, las disparidades en el acceso a Internet por género son cada vez más amplias en los países en desarrollo, especialmente en África.
Por otro lado, sólo el 76% de la población mundial vive en un lugar con cobertura 3G y sólo el 43% de las personas tienen acceso a una conexión 4G. Si a esta situación se le añade que la migración de 2 a 3 y 4G es muy lenta en muchos países, el porcentaje de gente infra-conectado aumentará.
Los servicios fijos y móviles de banda ancha se están volviendo progresivamente más asequibles en un gran número de países. No obstante, existen muchos desafíos para hacer que el acceso a Internet sea asequible para los países en desarrollo, en parte debido a los altos costos del acceso por satélite y los cables de fibra óptica. Los consumidores más afectados por los altos costos del acceso a Internet son los residen en países sin litoral.
A pesar de que acceso a Internet es ya un Derecho Humano a todos los efectos[4], la realidad confirma que existen muchas personas, alrededor del orbe, que no disfrutan de sus inherentes beneficios.
Es un hecho que no nos debería extrañar; si aún hay personas sin acceso al agua potable o a la electricidad, parece difícil disponer de una conexión a Internet en muchas circunstancias. Hasta el España, por cuestiones puramente económicas, medio millón de conciudadanos no pueden pagar una conexión telefónica básica[5].
UGT Comunicaciones sigue defendiendo la necesidad de confeccionar políticas de inclusión social en pos de acabar con la pobreza, y entre ellas, deben constar aquellas que fomenten el uso de Internet y que incluyan tarifas sociales para colectivos vulnerables[6]; aquí y en todo el mundo. Sólo así conformaremos una civilización justa, equitativa y verdaderamente humana.
UGT Comunicaciones
[1] http://www.broadbandcommission.org/Pages/default.aspx
[2] http://www.broadbandcommission.org/publications/Pages/SOB-2017.aspx
[3] http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/es/
[4] http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-onu-declara-acceso-internet-derecho-humano-20110609110635.html
[5] http://comunicaciones.fesmcugt.org/noticia/casi-medio-millon-de-espanoles-no-puede-pagarse-el-telefono-id-8593.htm
[6] http://ugtcomunicaciones.es/wordpress/la-cnmc-coincide-ugt-la-necesidad-mejorar-las-tarifas-sociales/
