La propuesta del Gobierno Británico para Ley de Finanzas del Gobierno Local (Local 
Government Finance Bill[1]) contiene una interesante novedad para el despliegue de nuevas infraestructuras de fibra óptica. En concreto, el ejecutivo de Theresa May quiere establecer una reducción del 100% de todos los impuestos relacionados con la construcción de redes de fibra óptica, por un periodo de cinco años a contar desde el 1 de abril de 2017.
Con esta medida[2], el gobierno británico quiere mejorar la conectividad en alta velocidad de hogares y empresas, además de ayudar a que el Reino Unido esté “listo para el 5G”. Cabe recordar que UK ostenta el peor porcentaje de cobertura de fibra óptica de Europa, con un pobrísimo 1% de media nacional[3].
Esta completa exención fiscal sólo sería aplicable a nuevas infraestructuras construidas sobre tecnologías FTTH o FTTP.
Esta solución, conocida por el nombre de vacaciones fiscales, choca frontalmente con la actual legislación comunitaria, que prohíbe explícitamente este tipo de exenciones, al considerarlas ayudas públicas ilegales, además de ir contra de las directrices europeas sobre ayudas públicas a la banda ancha, que blindan la neutralidad tecnológica, cuando la propuesta referida únicamente es aplicable a redes de fibra óptica y no a sus posibles alternativas (cable, VDSL, satélite, etc.).
Sin duda, el Brexit ha tenido mucha influencia en cómo se ha redactado esta propuesta, aunque en teoría, hasta la salida completa del Reino Unido de la Unión, las islas deberían acatar las leyes comunitarias so pena de multa por parte de la Comisión Europea.
[1] https://www.gov.uk/government/collections/finance-bill-2017
[2] https://www.gov.uk/government/news/finance-bill-2017-government-legislates-for-new-tax-changes
[3] https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/68791/july_2016_progress_update.pdf
