A través de la CNMC hemos tenido conocimiento de las medidas que está adoptando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para modernizar el vetusto Servicio Universal de Telecomunicaciones, algunas de dichas mejoras a propuesta de nuestro sindicato durante la tramitación de la Ley General de Telecomunicaciones.
UGT ha sido un firme defensor de esta figura social como un elemento equilibrador de desigualdades, tanto desde un punto de vista social y económico, como de cohesión territorial y de cierre de la Brecha Digital. Si en 2013, cuando publicamos “EL SERVICIO UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES. De Servicio Público a Derecho Humano. Un análisis desde la perspectiva de UGT Comunicaciones” poníamos el acento en “migrar hacia un concepto de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de la banda ancha, para todos y en cualquier lugar”, en los últimos años hemos defendido con vehemencia la necesidad de actualizar su alcance para incluir la alta velocidad, la conectividad universal y a la puesta en marcha de los denominados bonos sociales.
Cumpliendo con estas premisas, y con lo estipulado en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, se busca reglamentar como se incluye dentro del servicio universal “la conexión a internet de banda ancha a través de una ubicación fija, así como el establecimiento de una velocidad mínima de acceso a dicho servicio de 10 Mbit/seg (sentido descendente)”, como un paso previo al escalado de dicha velocidad mínima a 30 Mbit por segundo– lamentablemente, con la coletilla “tan pronto como sea posible”- y al complimiento de la Disposición adicional trigésima. Universalización del acceso a internet a una velocidad mínima de 100 Mbit por segundo, que se compromete a que:
“El Gobierno desarrollará las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley la universalización del acceso a internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbit por segundo en sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produzca a unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, en aras de impulsar la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más modernas redes de telecomunicaciones que posibilite el acceso de los ciudadanos a los más diversos y necesarios servicios, cada vez más básicos y esenciales, que se prestan a través de estas redes, como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, y con ello fortalecer la vertebración social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el reto demográfico y de ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural”.
Además, esta velocidad no solo será una simple métrica, sino que deberá permitir acceder a estos servicios digitales:
- correo electrónico;
- motores de búsqueda que permitan la búsqueda y obtención de información de todo tipo;
- herramientas básicas de formación y educación en línea;
- prensa o noticias en línea;
- adquisición o encargo de bienes o servicios en línea;
- búsqueda de empleo y herramientas para la búsqueda de empleo;
- establecimiento de redes profesionales;
- banca por internet;
- utilización de servicios de administración electrónica;
- redes sociales y mensajería instantánea;
- llamadas telefónicas y videollamadas (calidad estándar).
Estos importantísimos avances irán acompañados de una mejora de la asequibilidad del servicio universal, a través de una abono social para jubilados y pensionistas con renta familiar baja, y planes de precios destinados a usuarios ciegos – o con grave discapacidad visual-, usuarios sordos, o mudos -o con graves dificultades auditivas o del habla-. Se trata, indudablemente, de una batería de progresos, imprescindibles y que van hacia el objetivo principal: la inclusión digital, la cohesión y la igualdad.
Paralelamente, la CNMC también desvela el proceso de licitación pública para la designación de operador encargado de la prestar servicio universal de telecomunicaciones hasta 1 de enero de 2025. Si recordamos, Telefónica de España S.A.U fue designada como operador encargado de su prestación hasta el 1 de enero de 2023, por lo que se impone iniciar un nuevo proceso de litación. Entre las diferentes obligaciones que adquirirá el nuevo operadores designado estarán:
- Tiempo de suministro de la conexión inicial: inferior a 60 días para el 99 por ciento de los casos.
- Porcentaje de averías por línea de acceso: menor del 4 por ciento al trimestre.
- Tiempo de reparación de averías: inferior a 48 horas para el 95 por ciento de los casos.
- Tasa de reclamaciones por facturación: inferior al 5 por mil al trimestre.
En próximas comunicaciones informaremos de qué operador es, finalmente, asignado para esta importante tarea.
UGT Comunicaciones
