Una delegación de UGT Comunicaciones se ha reunido con el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a través de una conexión virtual al objeto de preservar al máximo la seguridad sanitaria de los asistentes.
El encuentro se ha celebrado a iniciativa de UGT, donde Alfredo Mesa, Secretario Federal de los sectores de Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura, ha transmitido al Gobierno la necesidad urgente e inaplazable de cambiar el actual modelo regulatorio.
En opinión de nuestro Sindicato, la tramitación de la próxima Ley General de Telecomunicaciones es una oportunidad idónea para comenzar este viraje. En consecuencia, UGT presentó una serie de alegaciones al anteproyecto (disponibles aquí), basadas en dos ejes fundamentales:
Una revisión de los objetivos de la Ley, que priorice la creación de empleo contra cualquier otro aspecto que lo lamine, especialmente la competencia sobre precios y sus perniciosas consecuencias.
La necesidad de aumentar drásticamente recursos legislativos, financieros y regulatorios para acabar con la Brecha Digital que sufre nuestro país.
Para UGT, existe un manifiesto desequilibrio a lo largo del anteproyecto, que promueve una exacerbada política de competencia sobre precios, de creación de actores pasivos que no invierten, en detrimento de auténticas políticas de fomento del empleo. El simple testimonio de que la palabra “precios” se usa en más de cuarenta ocasiones a lo largo del articulado, por las tres que se localiza la palabra “empleo”, demuestra cuál es la vocación legislativa. Fruto de esta desidia por la defensa y fomento del empleo, y de un injusto favoritismo hacía aquellos actores sectoriales que ni invierten ni crean empleo, el Sector de las Comunicaciones en España ha sufrido una sangría de puestos de trabajo que se cifra en 40.000 empleos menos en dos décadas.
La fragmentación sectorial también explica una gran parte de este desastre laboral. La competencia en las telecos, en términos de número de operadores, se he llevado hasta límites ilógicos e incongruentes. En España, en septiembre de 2020, había más de veinte marcas comerciales en liza, bajo múltiples operadores que operan bajo redes ajenas, a veces acumulando hasta cuatro o cinco de estas marcas comerciales. De este modo, OMV, OTT y otras versiones de operadores parásitos de las redes de terceros, no sólo no crean empleo, sino que además contribuyen indirectamente a su destrucción entre sus competidores con redes propias.
El último factor detrás de esta brutal destrucción de puestos de trabajo es el puramente legislativo y regulatorio. Más allá de que figure como uno de los objetivos de la ley, la realidad es que durante los últimos veinte años se ha destruido el 40% del empleo sectorial; empleo de calidad, con derechos, bien remunerado y altísimamente cualificado. Y todo ello ha sido ante la pasividad de quienes podían haberlo evitado tomando acciones en pos de su defensa y fomento.
En consecuencia, UGT reclama la inclusión en la futura LGT de las siguientes medidas en pos de un verdadero fomento del empleo:
La obligación legal de confeccionar una memoria de empleo donde se especifique cual será el impacto real de cualquier novedad normativa, regulatoria o legislativa.
Eliminar cualquier favoritismo hacia OMV y OTT, erradicando cualquier diferencia regulatoria entre éstos y los operadores inversores y creadores de infraestructuras, apuntalando la coinversión como eje principal de colaboración, tal y como acertadamente propone el actual anteproyecto.
La necesidad de contemplar medidas de fomento del empleo en todos los procesos de licitación para la explotación de espectro, priorizándolas sobre cualquier modelo de recaudación dineraria.
Favorecer una reorientación del rol de los operadores, llevándolo más allá de la pura gestión de las redes de telecomunicaciones, recuperando su papel primordial como polos de innovación y favoreciendo su músculo inversor en I+D y como dinamizadores tecnológicos de nuestra sociedad y de nuestra economía.
Finalmente, UGT presentó sus propuestas con el objetivo de reducir la Brecha Digital que sufre nuestro país, tales como configurar el Servicio Universal de Telecomunicaciones como una herramienta esencial o la concreción de las futuras “tarifas sociales”.
El Secretario de Estado, D. Roberto Sánchez, comparte en gran medida el diagnóstico sobre el Sector, derivado en una parte de la herencia de situaciones precedentes, y en otra parte como consecuencia de la Covid19. No obstante, la pandemia ha servido para que la percepción de la importancia de nuestra actividad rebase nuestro perímetro, adquiriendo un reconocimiento y presencia capital en el presente y el futuro de nuestra economía.
Nos hace llegar que la futura LGT viene en gran medida determinada por la transposición de la directiva europea al uso, redactada hace unos años, que la realidad que vivimos ha superado ampliamente. Por tanto, coincide en que debemos ir preparando el futuro escenario con nuevas normativas que tengan en el centro el empleo en el sector y el cierre progresivo de la Brecha Digital.
A tal efecto, da una especial importancia a Plan de Recuperación que canalizará las ayudas europeas del Fondo de Reconstrucción. De hecho, se espera multiplicar prácticamente por cinco el presupuesto de la Secretaría de Estado en 2021, y varias veces más en ejercicios siguientes. Los futuros Plan de Conectividad y Plan 5G, que se remitirán al Consejo Consultivo de Transformación Digital (donde UGT tiene presencia[1]) serán dos herramientas fundamentales, y tendrán un especial impacto sobre el empleo en el sector y un amplio efecto transformador de la economía.
Finalmente, el Secretario de Estado ha confirmado la recepción de nuestras alegaciones al anteproyecto, que están analizando y que estima que serán recogidas de algún modo a lo largo del texto final.
UGT continuará transmitiendo nuestro posicionamiento social y centrado en el empleo a otras opciones políticas y agentes implicados, mientras la Ley se encuentre en proceso de trámite. Nuestra obligación como Sindicato es proteger el empleo y los derechos de la Ciudadanía, ante la voracidad de los mercados, ante una regulación injusta e impersonal y una legislación que para nada tiene en cuenta la opinión de aquellos que hacemos posible esta realidad. No cabe ponerse de perfil y acabar quejándose: debemos actuar para que este Sector vuelva a ser el que fue.
